Despertar cívico

Columnas martes 15 de septiembre de 2026 -

Nuestro país enfrenta conflictos en diversos frentes que los gobiernos no han logrado revertir plenamente: violencia, inseguridad, precariedad en los servicios de salud y estancamiento económico son algunos de los problemas nacionales que no tienen una salida sencilla ni permiten advertir con claridad un cambio de rumbo.

En materia de seguridad, uno de los datos más relevantes ha sido la disminución de los homicidios dolosos durante los últimos dos años. De acuerdo con cifras oficiales, esta reducción es resultado del trabajo conjunto de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Sin embargo, los subregistros identificados en algunas fiscalías, así como posibles omisiones, reclasificaciones y cambios metodológicos, justifican mantener una revisión crítica de estas cifras.

Además, la inseguridad que afecta cotidianamente a la población no siempre queda reflejada en las estadísticas. Los recientes asesinatos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos han generado un legítimo reclamo social para el esclarecimiento de los hechos. El asesinato de una estudiante granadina en Cuautla es otro episodio de violencia contra las mujeres que ha trascendido las fronteras y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la prevención, investigación y procuración de justicia.

En este contexto, vale preguntarse si es conveniente que el Gobierno federal concentre en sí mismo la responsabilidad por los resultados de las políticas de seguridad, cuando su implementación depende necesariamente de la coordinación con corporaciones estatales y municipales. La seguridad requiere responsabilidades claras, pero también mecanismos de evaluación que permitan identificar qué corresponde a cada nivel de gobierno.

En materia de salud, las movilizaciones de médicos residentes del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, y del personal médico del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, para demandar mejores condiciones laborales e insumos suficientes, deberían llamar especialmente la atención de las autoridades. Los paros en distintas entidades no son nuevos; que también ocurran en instituciones de referencia de la capital merece una reflexión.

En materia económica, mientras mayor sea la intervención del Gobierno, mayor será la necesidad de justificarla con resultados verificables. Recaudar más debe ir acompañado de una rendición de cuentas clara sobre los beneficios sociales y económicos que produce un mayor nivel de intervención pública.

Todo gobierno debe concentrarse en resolver los problemas públicos para los cuales fue elegido. Crear nuevas leyes o instituciones puede ser necesario, pero antes debería evaluarse objetivamente qué ha funcionado, qué puede mejorarse y qué debe modificarse o eliminarse.

Como ciudadanía, no podemos delegar por completo en las instituciones la responsabilidad de construir el país que queremos. Una democracia funcional exige ciudadanos capaces de cuestionar al poder y reconocer sus aciertos; gobiernos dispuestos a explicar sus decisiones y corregir cuando sea necesario; y una sociedad que participe.

Ese es el verdadero despertar cívico: no conformarse con cifras o declaraciones, sino exigir resultados, participar y mantener abierta la discusión pública. El reto es que esa participación no claudique. Y sí, ¡que viva México!