En defensa de la verdad

Columnas jueves 20 de agosto de 2026 -

Estoy persuadido de que la verdad no puede imponerse por decreto, pero tampoco puede sobrevivir abandonada a las fuerzas del mercado, las del gobierno, la propaganda y los algoritmos. Defender la integridad de la información significa proteger nuestra libertad para decidir con conocimiento. En una democracia, esa libertad no es un lujo tecnológico: es una condición de ciudadanía.

Durante años hemos hablado de la desinformación como si fuera un desperfecto de internet: una colección de rumores, imágenes manipuladas y mensajes engañosos que cada persona debería aprender a esquivar. No lo es.

Los Principios Globales para la Integridad de la Información, presentados por la ONU hace uno días, nos obligan a mirar más allá. Propone cinco: empoderamiento público; transparencia e investigación; confianza y resiliencia social; medios independientes, libres y plurales; incentivos positivos. No se trata de crear un ministerio de la verdad ni de entregar al Estado la facultad de decidir qué podemos decir. Por el contrario, el documento coloca la libertad de expresión y los derechos humanos en el centro. Su advertencia es clara: combatir la desinformación mediante la censura puede resultar tan peligroso como permitir que la manipulación avance sin límites.

Hay que hacernos cargo de que el problema no radica únicamente en que circulen mentiras, sino en que existe una poderosa economía que las vuelve rentables. Las plataformas digitales transformaron nuestra manera de informarnos, convivir y participar en los asuntos públicos. Su modelo de negocio tiene una falla de origen: premia aquello que captura nuestra atención, no necesariamente aquello que es verdadero o socialmente útil. La indignación, el miedo y la polarización producen interacciones; las interacciones generan datos, y los datos, ganancias.

Visto que una falsedad provocadora puede viajar más rápido que una explicación responsable, la integridad informativa exige responsabilidades compartidas. Las empresas tecnológicas deben transparentar sus algoritmos, proteger los datos personales, someterse a auditorías independientes y dejar de lucrar con contenidos que promueven odio o engaño. Los gobiernos deben informar con oportunidad, abstenerse de fabricar propaganda encubierta y proteger a periodistas, investigadores y organizaciones civiles. Los medios deben fortalecer sus estándares profesionales. Y la ciudadanía necesita alfabetización digital para reconocer fuentes, contrastar datos y comprender por qué una plataforma le muestra determinado contenido.

Esta tarea adquiere especial importancia durante las elecciones. Cuando se miente deliberadamente sobre quién puede votar, cómo se cuentan los sufragios o cuál fue el resultado, no sólo se engaña a una persona; se erosiona la confianza colectiva que sostiene a la democracia. Algo semejante ocurre cuando la violencia digital pretende expulsar de la vida pública a mujeres, minorías o voces críticas.

La ONU afirma que es hora de actuar; tiene razón. Gobiernos, plataformas, medios y ciudadanía debemos defender juntos una conversación pública libre, plural y veraz, porque sin información íntegra no hay democracia posible, y sin eso, tampoco futuro común.

X: @ElConsultor2