Extorsión, vivir con miedo

Columnas miércoles 09 de julio de 2025 -

No hay margen de negociación, el “impuesto criminal” avanza como la humedad en todo el país. Los mexicanos nos hemos convertido en rehenes del crimen organizado, el “cobro de piso” se padece en todos los sectores económicos y productivos del país. Desde una parcela, una miscelánea, una tortillería, un puesto en un mercado público, los transportistas, hasta grandes corporativos.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que ocho estados concentran el 66% de los casos de extorsión a nivel nacional tras la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero, recibirán una “atención prioritaria” para combatir ese delito.

Aquí, hemos denunciado el “narcoimpuesto” que impone el crimen organizado a los productores de limón y aguacate en Michoacán desde hace años. También hemos dado cuenta de las “cuotas” que pagan los transportistas en el Estado de México, Michoacán, Hidalgo y Guerrero, para poder trabajar.

La extorsión es el quinto delito del fuero común que más se comete; de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo entre enero y mayo de 2025 se registraron más de 3 mil 800 víctimas de este delito, lo que representa un incremento del 26 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), denunció que: “Los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes: Bajo la apariencia de protección imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos”

Incluso, la Coparmex, afirma que hay servidores públicos que exigen sobornos y extorsionan para evitar sanciones a las empresas y pequeños negocios. La clásica “mórdida”.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, me comentó en una entrevista que “La extorsión presencial produce una pérdida del control territorial y queda en manos de los delincuentes, no del estado”.

Este delito le cuesta cada año a la economía mexicana 226,000 millones de pesos,equivalente a 1.25% del Producto Interno Bruto. Una calamidad.

Quizá, por ello, Omar García Harfuch anunció que el próximo primero de agosto se pondrá en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, para combatir ese delito y se habilitará el número 089 para recibir denuncias anónimas.

Así las cosas, la extorsión se ha convertido en la ley del miedo, ante unas autoridades incapaces, omisas e indolentes y en algunos estados del país cómplices de los delincuentes. En el México real, el crimen organizado y corrupción van de la mano de la impunidad. ¿Hasta cuándo seguiremos pagando la factura con vidas humanas y restricción de libertades?

@guillegomora