GARANTIZAR PLENAMENTE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Columnas lunes 24 de octubre de 2022 -

Las personas con discapacidad históricamente han formado parte de poblaciones que se han enfrentado a mecanismos sociales que las han discriminado y excluido. La discapacidad ha sido percibida como un problema del individuo que la tiene, pero en realidad esa percepción es producto de la construcción social que hemos formado de la discapacidad y del rechazo a la diferencia y de aquello que interpretamos que sale de la “normalidad”.

Esto desde mi perspectiva hace evidente la naturaleza de la discapacidad, sobre todo porque es una creación de significados realizados de manera social, es decir, no es atribuible a un solo individuo. Así, la discapacidad se construye en nuestra realidad social, como una condición fuera de la norma y que por lo tanto debe de excluirse socialmente a quien la tiene. Lo anterior resulta que, en la integración social las personas con discapacidad sean merecedoras de tratos y condiciones de vida desiguales.

La interacción y las normas sociales se han construido para un determinado tipo de individuo, que tiene ciertas capacidades consideradas positivas y que puede enfrentarse a las condiciones del entorno de manera autónoma a partir de su libre determinación y agencia, reconocidos jurídicamente. Ante ello, las personas con discapacidad al ser percibidas como diferentes no entran en el esquema del individuo para el que fueron creadas dichas normas sociales.

La lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad ha intentado revertir esta idea de que la discapacidad es un problema individual, patológico y homogéneo, apostando a entenderla como una construcción social que en si misma es diversa y es merecedora de agencia. Si bien, esto ha producido que normativamente las personas con discapacidad sean reconocidas como titulares plenos de derechos, aún hay mucho trabajo por hacer para redefinir los derechos, dotarlos de contenido material, hacerlos vinculantes, visibles y exigibles y regular mecanismos sencillos y expeditos de protección de tutela que garanticen su efectividad.

Es importante que las autoridades en materia electoral generemos las condiciones para que las personas con discapacidad transiten de una ciudadanía invisible a ciudadanía plena, en igualdad de condiciones y participativa, por su integración en la vida de la comunidad y la sociedad.

Ante esto, desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México hemos implementado acciones permanentes para promover el ejercicio del derecho al sufragio y la participación de la ciudadanía en un marco de igualdad, inclusión y no discriminación. Estamos conscientes de que hay un largo trecho por seguir, la inclusión social, política y económica, junto con la completa participación de las personas con discapacidad, depende de la estructuración y ampliación de un nuevo marco fundamentado en el significado real de la discapacidad dentro del contexto social moderno.