Impostergable Justicia Digital

Columnas miércoles 16 de septiembre de 2020 -

Por Diego Garrido López

Diputado del PAN en el Congreso de la CDMX/Secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia

La pandemia impactó en la administración y procuración de justicia. Juzgados y Tribunales cerraron por más de 4 meses, por lo que la imposibilidad de interponer demandas y desahogar asuntos pendientes ocasionó un increíble rezago.

Se calcula que tan sólo en las materias civil y familiar esperan su resolución 94 mil expedientes de 2019, a los que hay que sumar los de 2020 que pudieron interponerse.

Sin embargo, tomando en consideración que mensualmente el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX recibe 25 mil asuntos, en el periodo de cierre se debieron acumular aproximadamente 112,500 demandas más que ni siquiera pudieron ser ingresadas.

El pasado 3 de agosto, el Poder Judicial decidió retomar la atención al público y en un sólo día recibieron 25 mil personas. La aglomeración, peligro de contagio del virus Covid-19, filas y espera para ser atendidos fue de dimensiones épicas. Litigantes, pasantes, público en general sufrieron ante un sistema judicial que necesita transformarse.

La dimensión del reto es grandísima, el rezago y riesgo de contagio por Covid-19 obligan a que las nuevas tecnologías se incorporen en la impartición de justicia. Por ello, propusimos desde inicios de junio reformas encaminadas a la implementación de la Justicia Digital.

Con la reforma buscamos dar una opción al esquema tradicional presencial y de papel, ahora con la incorporación de juicios online; Juzgados y Tribunales virtuales; instauración del expediente electrónico; oficialías de partes virtuales; uso de video conferencias y e-mail para desahogo de diligencias; notificaciones electrónicas; implementar sellos y documentos digitales; y empleo de firma electrónica.

Los beneficios para usuarios, litigantes, operadores jurídicos y funcionarios judiciales son múltiples, desde los ahorros económicos, accesibilidad, celeridad, transparencia, imparcialidad, impactos ecológicos favorables, reducción de tiempos y traslados, hasta la posibilidad de realizar Home Office para muchos ante las recomendaciones de sana distancia.

Resalta la reactivación económica de un amplio sector que se dedica al litigio y que vieron suspendidos sus ingresos familiares; pero sobre todo, la materialización del derecho constitucional del acceso a la justicia que se vio paralizado.

Son miles de familias, de ciudadanos que acuden por la vía institucional a solucionar sus conflictos, que solicitan el amparo y protección de la justicia, que esperan una respuesta de los órganos jurisdiccionales y la Justicia Digital sin duda ayudará.

El Tribunal Electoral federal, la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal en sí, ya implementan juicio en línea y emiten sentencias de forma virtual, por lo que convenios de colaboración serán fundamentales para reducir los costos en las plataformas y acelerar el proceso de innovación tecnológica.

Si bien el TSJ local ha comenzado algunos esfuerzos, es momento de que desde el Congreso demos el asidero jurídico al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, al Tribunal de Justicia Administrativa y a los nuevos Tribunales Laborales de la CDMX para que implementen la Justicia Digital.

El tiempo ya nos alcanzó, la evolución es impostergable.