La famosa consulta III

En entregas anteriores, establecí mi posición, la cual resultó a la postre coincidente con lo que resolvió la Corte, aunque las razones son un tanto distintas. He sostenido que la consulta es constitucional, pues no encuentro que alguien que ocupó, ocupa u ocupará el cargo de presidente de la República, tenga un derecho humano a no rendir cuentas administrativas, civiles, penales o incluso las que se deriven de la violación a los derechos humanos de una o más personas. La concentración de tanto poder en solo dos manos, permitida por nuestra Constitución establece, no puede no tener una contragarantía a favor de la sociedad. 

No comparto los argumentos que se esgrimieron a favor del proyecto del ministro Aguilar, ni siquiera el que sostenía que la mera propuesta hecha por el Ejecutivo federal implicaría un atentado a los derechos de las víctimas y que, por eso, la petición del presidente debería ser rechazada. De hecho, ese riesgo se disipó con la reformulación de la pregunta aprobada por la propia Corte, la cual impide amnistías y ordena que se proceda a investigar y en su caso, castigar lo que corresponda. Basta como ejemplo, lo que sucederá con los delitos de lesa humanidad que involucren, por cadena de mando, a los presidentes. Todos, incluido Echeverría y el propio presidente López Obrador, pueden ser investigados y juzgados, independientemente de lo que diga el pueblo en una eventual consulta. La pregunta aprobada por la Corte no es sino un mandato expreso que aclara el camino a seguir para todas las operadoras jurídicas del país, confirmando que nadie está exento. 

Insisto en que esta visión, que abre la puerta a que el ejercicio de una consulta popular a partir de la que propuso el presidente sirve para inaugurar una nueva vía de reparaciones frente a los abusos sufridos, que pasa por la posibilidad de que los electores expresen su opinión y su juicio político y moral, en relación con el ejercicio del poder absoluto y abusivo de los mandamases que hemos sufrido. 

En todo caso, el asunto generó un gran interés en la opinión pública y ofreció a la Suprema Corte una oportunidad para demostrar a la sociedad cómo debe hacerlo, esto es, por medio de resoluciones judiciales, la doctrina y filosofía que existe en el máximo tribunal del país, el cual tiene una nueva integración a partir de la inclusión de tres personas propuestas por el presidente López Obrador. 

Si bien es cierto que el resultado de la votación es ya muy importante en términos inmediatos, pues la pregunta incluye a los actos realizados por todos los poderes de la Unión y por todos los niveles de gobierno desde el 1 de diciembre de 2018, también lo será hacia el futuro, cuando seguiremos discutiendo el actuar de la Suprema Corte como última línea defensora de los derechos humanos y, por lo tanto, del régimen democrático de división de poderes que la Constitución ordena. Esto es, la Corte se verá obligada a asumir un papel más activo e importante en el combate a la impunidad histórica, materia en la que aún hay muchas cuentas pendientes por cobrar. 

El día de ayer ContraRéplica cumplió dos años de existencia. Felicito mucho a Francisco Santiago y a su equipo por este logro y por la oportunidad que me dan de expresarme cada semana. Esto apenas toma vuelo, que sean muchos más aniversarios.