La planta de amoníaco de Gas Petroquímica de Occidente

En la Bahía de Ohuira, en Ahome, Sinaloa, desde hace más de 10 años existe un grave conflicto socioambiental por la construcción de una planta de amoníaco propiedad de la empresa Gas Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V. subsidiaria del grupo suizo-alemán Proman AG. El proyecto pretende producir 2,200 ton/día/amoníaco, invirtiendo casi 1,500 MDD. Presumen ayudar a la producción nacional de fertilizantes, aunque se sabe que la mayor parte del amoníaco será exportado. La Bahía de Ohuira es parte del Sistema Lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, humedal reconocido como sitio Ramsar, con más de 12,500 hectáreas que albergan manglares, pesquerías de camarón y ostión y una biodiversidad excepcional de aves migratorias y especies protegidas. Esta bahía es el territorio y espacio sagrado, sustento económico y cultural del pueblo Mayo-Yoreme. Al inicio de la obra, se talaron y rellenaron 26.75 hectáreas de manglar (especie protegida) en la Zona Federal Marítimo Terrestre, propiedad de la nación. Causaron graves afectaciones a la pesca por ruido, turbidez del agua y restricción del acceso al mar. Las comunidades advierten un riesgo permanente por el almacenamiento y manejo de amoníaco junto a poblaciones ribereñas. La autorización de impacto ambiental fue otorgada por la SEMARNAT en 2014 sin realizar la consulta indígena constitucionalmente obligada. Ante este atropello a su derecho de la consulta previa, libre e informada, las comunidades Mayo-Yoreme promovieron dos juicios de amparo (Lázaro Cárdenas en 2018 y Ohuira en 2019).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos las autorizaciones ambientales por la omisión de la consulta al pueblo Mayo-Yoreme, violando el Artículo 2° constitucional y el Convenio 169 de la OIT. Ordenando la realización de un nuevo procedimiento de consulta con estándares constitucionales e internacionales. En cumplimiento del fallo (entre mayo y septiembre de 2022) se desarrolló un procedimiento de consulta que no satisfizo los requisitos de buena fe, información suficiente y pertinencia cultural. Las comunidades denunciaron la compra de voluntades, duplicidad de gobernadores tradicionales, entrega de información parcial y segmentación indebida del universo consultado, al incorporar a comunidades no afectadas para diluir la voz de quienes habitan la ribera y sufren los impactos. De 15 comunidades incluidas, 11 manifestaron su consentimiento y cuatro asentadas alrededor de la bahía Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones lo rechazaron. A pesar de la oposición de las comunidades afectadas, en septiembre de 2022 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) emitió una nueva autorización condicionada. Posteriormente, el Juzgado Sexto de Distrito validó la consulta y en agosto de 2024, el Juzgado Séptimo de Distrito en Sinaloa (amparo 561/2023) la declaró legalmente otorgada, permitiendo la reanudación de la obra.

Debo señalar que México está equivocado en aplicar urea (fertilizante químico que se producirá con este amoníaco) que acidifica los suelos, disminuyendo su actividad biológica y genera gigantescas emisiones de óxidos nitrosos que calientan el planeta.

*Carlos Alvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.

Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático www.carlosalvarezflores.com

“X” @calvarezflores