PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS METROPOLITANOS

Columnas martes 15 de noviembre de 2022 -

PANÓPOLIS

En el contexto de lo global las Zonas Metropolitanas en México enfrentan al reto de promover y fortalecer la participación ciudadana desde la cocreación de agendas conjuntas que vinculen a los diferentes actores en el espacio de lo público. Tarea nada sencilla cuando las condiciones regionales no son las mismas para nuestro país.

El reto de construir desde las diferencias supone largas jornadas de diálogo y una asertiva gestión pública que permita una eficaz implantación de planes y programas gubernamentales sin comprometer las soberanías municipales. Hasta aquí, todo pareciese ser relativamente sencillo, pero los escenarios se tornan difíciles cuando las dinámicas sociales carecen de autoridades cercanas a la comunidad que representan, sin embargo, las condiciones no han puesto al alcance de la sociedad civil las herramientas necesarias para el ejercicio pleno de su derecho de participación.

Una sociedad participativa y organizada es más activa y eficaz cuando se construye en consenso, cuando la conformación de las instituciones se logra mediante pactos entre los ciudadanos y sus gobernantes. Consensos que sólo podrán ser efectivos en la medida que los gobernantes renuncien a posturas autoritarias y rindan cuentas en aras de una política de la transparencia.

Quizá los primeros ejercicios democratizadores se han realizado con los Presupuestos Participativos (PP) bajo una metodología en la toma de decisiones que permiten priorizar, seleccionar y definir obras (en lo general) para la aplicación de políticas públicas, pero no todo se reduce solamente a implementar, sino construir veedurías que le permitan al ciudadano vigilar y evaluar su cumplimiento y aplicación de una política pública.

Se debe reconocer en los Presupuestos Participativos procesos de abajo hacia arriba, donde la sociedad misma genera propuestas, prioriza, selecciona, agrupa y valida. El proceso no consiste en que la ciudadanía legitime las decisiones previamente tomadas por los gobernantes. Debe ser un proceso que inicia ex ante de la decisión gubernamental.

El coincidir con una nueva visión de la administración pública, bajo el escrutinio y control ciudadano debe ir más allá de la rendición de cuentas administrativas; y dar paso a la gestión participativa, coordinada y cotidiana, en la construcción de un gobierno donde el ciudadano toma decisiones, un gobierno donde el administrador se convierta en un gestor público de las necesidades de la sociedad.

Ello implica necesariamente la adecuación y reforma de nuevas formas de participación ciudadana que tengan por objetivo el fortalecimiento del capital social y humano de nuestras ciudades, pero sobre todo nuevos modelos que contribuyan en la reconstrucción del tejido social.

Por ello desde el inicio de una efectiva coordinación metropolitana, tenga su base en los presupuestos participativos, bajo un modelo local de intervención por objetivos, que sea capaz de trabajar colegiadamente a través de Asambleas Comunitarias con representantes y ciudadanos de los diferentes municipios que constituyan al Área Metropolitana con una estrategia conjunta donde los propios ciudadanos establezcan las pautas y acciones que se ejecuten más allá de las fronteras municipales.

Bajo este modelo, la gestión pública de proximidad deberá ser una constante para los retos de la Nueva Agenda Urbana en las metrópolis, sumado a la consolidación de redes de corresponsabilidad y la regeneración del tejido social para “hacer ciudad” y recuperar los espacios públicos, hacer de la democracia participativa una realidad que ponga en marcha gobiernos ciudadanos.

Hoy los gobiernos, en especial los gobiernos locales debemos buscar una democracia que trascienda la participación de los ciudadanos más allá del proceso electoral y que haga posible la coexistencia entre democracia directa y democracia representativa.

Debe valorarse qué puede ser más conveniente: dejar a la determinación de cada Ayuntamiento el porcentaje de la recaudación tributaria municipal que se otorgue a presupuestos participativos, o si en la ley se establece un porcentaje mínimo de acuerdo a su Presupuesto de Egresos que debe destinarse a esta modalidad para que el proceso de participación ciudadana y vecinal en la determinación y vigilancia del gasto público pueda considerarse así. Mucho por hacer y el reloj en contra. La expectativa es que el próximo gobierno federal (independientemente del color que sea) voltee a ver las gramáticas y bondades de democratizar desde las metrópolis.

Magdiel Gómez Muñiz Colaborador de Integridad Ciudadana, Coordinador del Doctorado en Ciencia Política del Centro Universitario de la Ciénega - UDG. Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Universidad de Guadalajara, co expertis y posgrados en estudios políticos y gobierno, filosofía política y educación @magdielgmg @Integridad_AC