Reforma electoral. El "Plan B."

Columnas martes 20 de diciembre de 2022 -

Como nunca antes en la historia de nuestro país, una reforma electoral ha despertado el interés de la sociedad en general.

Desafortunadamente, la discusión no se ha centrado en propuestas, sino en posturas. O se está a favor, o en contra. Pero no todo puede ser malo ni bueno. Conviene abandonar posiciones extremas, si se quiere avanzar.

Siddharta Gautama (Buda) decía en uno de sus discursos que un tronco en el río no avanza si se encuentra atorado en uno de los extremos.

Me parece que nadie podría estar en contra de que se cumplan los mandatos constitucionales de optimización de los recursos públicos (artículo 134 constitucional) ni de tope al ingreso de los servidores públicos (artículo 127 constitucional).

Si bien, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que el tope de ingresos en el Servicio Público se fije a partir del salario del Presidente, no creo que nadie pueda manifestarse en contra de que se cumpla lo que al respecto ya establece la constitución desde el año 2007.

Ahora bien. El cambiar el modelo de financiamiento público de los partidos políticos, las características del umbral de votación para mantener el registro de los partidos políticos, o incluso el tema de la transferencia de votos, bajo el esquema de la llamada coloquialmente "cláusula de la vida eterna", para favorecer a los partidos que participan en coaliciones electorales, se aparta de lo que dispone el artículo 41 Constitucional. Nadie podría estar de acuerdo tampoco en ese sentido, en dejar de hacer lo que la Constitución ordena.

Ya que la reforma constitucional electoral originalmente planteada no prosperó, el llamado "Plan B", es decir, la reforma electoral a nivel de Ley, no parte tanto de las diferencias, sino de un piso mínimo de consenso: respetar la Constitución.

De tal forma que, siguiendo adecuadamente las etapas del proceso legislativo, sería factible llegar a una reforma a nivel de leyes secundarias, que atienda la preocupación que se vislumbra en el horizonte cercano: Que se cumpla con el mandato contenido en los artículos 41, 127 y 134 constitucionales, es decir, que se logre optimizar el ejercicio de los recursos públicos asignados a la función electoral ("costo de la democracia"), sin poner en riesgo el funcionamiento del Sistema Nacional Electoral ("Austeridad, no austericidio").

Si pudieramos expresar y analizar propuestas, en vez de confrontar posiciones, sería más fácil encontrar los puntos de coincidencia y avanzar en una reforma electoral aceptable para todos. De lo contrario, se seguirá polarizando el ánimo y el debate social en este tema, y eso no resulta lo más deseable.

Flor de Loto: La cosa no es si el INE se toca (como quiere y puede la mayoría legislativa) o no se toca. La cuestión es ¿Para qué?