Soberanía cooptada

Columnas martes 29 de septiembre de 2026 -

Es difícil hablar de un Estado plenamente soberano cuando, en parte de su territorio, grupos criminales pueden decidir quién entra, quién sale y bajo qué condiciones se desarrolla la vida cotidiana. Hemos llegado al punto de normalizar algo que debería resultarnos inadmisible: evitar viajar de noche por determinadas carreteras del país.

En comunidades de Jalisco, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y otras entidades, los retenes criminales forman parte de una realidad que miles de personas conocen. En esos territorios, el libre tránsito deja de ser un derecho garantizado por el Estado y se convierte en una concesión condicionada por el crimen.

Las desapariciones representan otra dimensión de esta pérdida de control. Miles de familias buscan a sus seres queridos mientras las instituciones enfrentan enormes dificultades para prevenir, investigar y esclarecer estos delitos. Tenemos un problema nacional que se acumula por miles, mientras que las fiscalías siguen sin tener suficiente equipo forense para hacer su trabajo. La cifra importa, pero detrás de cada número existe una persona y una familia que esperan respuestas.

Por eso, enfrentar al crimen no puede reducirse a modificar estadísticas o anunciar detenciones. Una detención que no conduce a una investigación sólida, un proceso judicial y una sentencia difícilmente altera las condiciones que permiten la expansión criminal. Las “narrativas” construyen sobre arena y eso, con cualquier oleaje, se termina diluyendo.

Tampoco basta con ganar la discusión pública mientras se pierde territorio. La seguridad se mide, sobre todo, por la capacidad efectiva del Estado para garantizar que una persona pueda transitar, trabajar, abrir un negocio o vivir en su comunidad sin someterse a reglas impuestas por organizaciones criminales.

Durante años pensamos que las grandes ciudades estaban relativamente protegidas. Hoy sabemos que la extorsión, la intimidación y otras formas de control pueden penetrar actividades económicas y espacios sociales que antes considerábamos ajenos a la violencia organizada. Hoy no hay rincón del país que no tenga problemas con grupos criminales. Casos como el Juchitán, en donde el presidente y la policía local estaban al servicio del crimen se puede multiplicar por centenares de municipios.

El problema tampoco se resolverá mientras existan fiscalías con capacidades insuficientes, policías sin la profesionalización necesaria y mecanismos débiles de rendición de cuentas. Ni mientras estructuras de poder local permitan que intereses económicos o recursos de origen ilícito condicionen campañas, elecciones y decisiones públicas.

La soberanía no se pierde solamente cuando una bandera deja de ondear. También se erosiona cuando el Estado deja de ser el único capaz de hacer valer la ley.

Por algún lado debemos comenzar. El periodismo de investigación tiene una responsabilidad; las instituciones de seguridad, otra; y la ciudadanía, en aquello que le corresponde, también.

No existen atajos. Recuperar el territorio, fortalecer las instituciones y reconstruir la confianza tomará tiempo. Un país no recupera su soberanía mirando hacia otro lado. La recupera cuando vuelve a hacer valer la ley donde hoy otros imponen sus reglas.