Tiraditos

Bien dicen que el tiempo es dinero, y a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que lleva Rafael Anzures, les quedó ya claro el concepto. Resulta que, por tomarse unos 20 días de vacaciones desde diciembre pasado, se les adelantó una nueva medición, al alza por supuesto, del Índice Nacional de Precios al Consumidor; por lo que la devolución de un ISR de mil millones de pesos, que debían hacer a la señora Carmela Azcárraga Milmo, ahora vale mil 26 millones; esto según las fórmulas de actualización que marcan los Artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación.

En lo que pareciera una respuesta a lo publicado el pasado lunes en este espacio, desde la Comisión del Servicio Profesional Electoral, la Consejera Claudia Zavala nos mandó un mensaje: no es que Teresita Adriana Sánchez Núñez haya mentido al INE y al Tribunal Electoral sobre su residencia, sino que ambas instituciones interpretaron de manera distinta las constancias documentales y el derecho aplicable. Eso sería atendible si fueran órganos pares, pero no lo son. La revocación es un franco regaño del Tribunal al INE por proponer una persona que no residía en el estado, por no verificar bien el expediente y por nombrar a una candidata sin merecimientos ni perfil. Por su parte, el Consejero Murayama alegó que como el INE fue el que sacó del Servicio Profesional a esta persona (hoy destituída) para mandarla a Querétaro, pues el INE la debe aceptar de regreso porque “puede perfectamente seguirse desempeñando”, a pesar de haberse acreditado su falta de probidad. En lugar de felicitarse por ser tan caritativos, y auto perdonarse, debieron haber rechazado la reincorporación y dado vista a la Contraloría del instituto, a cargo de Jesús George, para que investigara a Sánchez Núñez por faltas administrativas graves, como cohecho, abuso de funciones y tráfico de influencias.

El que va por una tolerancia cero es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues ahora que su administración cerró ocho de las 35 salas de juego esparcidas en 10 municipios, esto según por violar las medidas sanitarias preventivas al interior, la medida también aplicaría para otros establecimientos como cines, teatros y restaurantes, entre otros que no cumplan lo establecido por la Secretaría de Salud, ante el disparo de contagios por el Covid-19. Sin embargo, lo que se cuestiona es el actuar del gobernador naranja contra los casinos, pues se asegura que los inspectores iban directo a clausurar los negocios con excusas ajenas a las medidas preventivas o al aforo que, desde el 31 de diciembre, se estipuló fuera del 50%, y a la fecha ninguna sala alcanza este número de usuarios. Asimismo, cabe resaltar que estos espacios son una importante fuente de empleos pues cerca de 35 mil familias dependen de esta actividad, así que la medida de la autoridad también pega a la economía de éstas y al empleo en el estado.

Pese a que desde el mes de agosto de 2021 el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, ordenó que fuera la Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor quien diera seguimiento al caso Kurzon, no ha logrado judicializar el tema, no obstante las pruebas existentes es su contra. Recordará usted que el líder vecinal, Jacobo Kurzon, presuntamente defraudó a siete familias que compraron departamentos en una propiedad que habría adquirido a través de documentos falsos. Resulta que hace unos días el Agente del Ministerio Público, Brandon Hernández Trejo, notificó que aún no se agota la investigación, por lo que, por el momento, no se acuerda procedente ejercitar acción penal en contra de los acusados, hasta en tanto no se recaben todos los datos de prueba. Mala noticia para los afectados, pues tomaron acciones legales desde 2015.