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VIOLENCIA INSTITUCIONAL VIOLA DERECHOS HUMANOS
Columnas
Por Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos. Mtra. Administración y Políticas Públicas y mtrda. Criminología.
Las víctimas de agresiones laborales o sexuales tienen que recibir acompañamiento desde los gobiernos con personal capacitado y con el conocimiento para respetar y no violentar los derechos humanos; el desconocimiento de las y los servidores públicos no los exime.
La violencia institucional o gubernamental es un lastre vergonzoso que se suscita desde el Estado por el personal que integra la plantilla de servidores públicos dentro de los gobiernos, quienes en muchas ocasiones no cuentan con los estudios superiores de licenciaturas en diversas disciplinas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece dos principios fundamentales:
-Artículo 7: igualdad ante la ley y derecho a igual protección contra la discriminación.
-Artículo 8: derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales frente a actos que violen derechos fundamentales.
No basta con que un Estado diga que tiene una institución encargada de recibir denuncias. La ONU explica que cuando un gobierno de una nación ratifica tratados de derechos humanos adquiere obligaciones de respetar, proteger y promover esos derechos.
Es difícil que se cumpla el Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, que marca la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, porque se requiere el trabajo profesional, ético y coordinado de los gobiernos a nivel mundial en beneficio de las poblaciones.
Organismos internacionales se han pronunciado en contra de la violencia estructural, sistemática o institucionalizada, un daño hacia las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores.
Cabe mencionar que se presenta violencia institucional cuando un servidor público no atiende o investiga adecuadamente una denuncia, a través de los protocolos establecidos; obstaculiza el acceso a la justicia; minimiza una conducta de violencia laboral o agresión sexual; discrimina a una víctima; protege al presunto agresor; genera impunidad.
La violencia institucional es ejercida por el Estado, sus autoridades, instituciones o servidores públicos, por acciones, omisiones, prácticas, normas, procedimientos o decisiones que obstaculizan, vulneran o impiden el ejercicio de los derechos humanos de las personas.
La gobernanza y el buen gobierno no requiere de improvisaciones por parte de funcionarios públicos que violentan a las personas, con conocimiento o desconocimiento, las capacitaciones a servidores públicos, así como los protocolos son imprescindibles para no seguir violando derechos humanos por acción u omisión.
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