¿Cómo presiona el Gobierno Federal a los juzgadores federales?

Y la respuesta no requiere un ejercicio acucioso de investigación que esté fuera del alcance de una persona promedio. Veamos.

Primero. Es evidente —así lo he sostenido y lo creo— que por definición los jueces y magistrados federales no son corruptos.

Eso no quiere decir, empero, que no haya casos donde los “usos y costumbres de la corrupción” no hayan permeado, en mayor o menor medida, en distintos juzgadores federales y en servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, producto de un régimen que hacía de la corrupción y la impunidad sus rasgos esenciales. Se afirmaba que, en política, el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad. Y la lealtad más fuerte es con el interés que con la amistad. Ese era la premisa doctrinal internalizada. De esta suerte, las inconsistencias entre ingresos y egresos de varios miembros del Poder Judicial de la Federación, que nadie podría decir que son una isla de ángeles en un mar de corrupción, eran auspiciadas o, por lo menos, toleradas por quienes debían vigilar que la honestidad no fuese una frase retórica, sino una realidad concreta.

Segundo. Hoy, en la lógica del absurdo, Claudio X. González y sus aliados se duelen porque se han dejado de cumplir esas pautas de comportamiento de la clase política a la que él no sólo sirvió, sino hizo negocios. “Se les intimida”, acusan.

¿Y en qué consiste la “intimidación” vendida en los medios como una agresión?

Se trata de que ahora la autoridad cumple y hace cumplir la ley. En efecto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es culpable de hacer cumplir las obligaciones que el cargo le impone, sin excepciones. Santiago Nieto tiene frente a sí un reto enorme: Rehacer las reglas de facto que eran la esencia del régimen anterior.

Y Santiago es un hombre honesto. No es mi apreciación personal únicamente. Si no lo fuera, ya hubiera sido extorsionado y, en su caso, exhibido en un acto de corrupción para minar su credibilidad, su compromiso con la legalidad y pegar en una de las líneas de flotación de la 4T.

Tercero. Uno de los beneficios muy efectivos de la labor del canciller Marcelo Ebrard ha sido optimizar la colaboración del Departamento del Tesoro y otras agencias del gobierno de Estados Unidos para ejercer con el mexicano un escrutinio en el sector de servidores públicos que se perciben como de mayor riesgo de incurrir en actos de corrupción, dotado de los mayores expertos y tecnólogos para seguir la ruta del dinero. Y si con esas acciones derivadas del marco legal se “intimida” a los juzgadores con elementos y/o indicios claros de actos de corrupción bienvenida esa nueva forma de hacer las cosas para bien de la sociedad entera porque se minimizará la administración de la justicia al mejor postor, como todavía sucede.

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