Debe analizarse la posibilidad del financiamiento privado en elecciones: Felipe Fuentes Barrera

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, propuso abrir la posibilidad en la ley de que el financiamiento privado esté presente en las elecciones en México.

Fuentes Barrera dictó la conferencia magistral “Avances y retos de las candidaturas independientes en el contexto electoral mexicano”, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, acompañado del consejero presidente de ese órgano, Oswaldo Chacón Rojas.

El presidente del TEPJF propuso homogenizar los plazos para obtener el apoyo ciudadano, tanto a nivel local y federal, analizar si el mínimo de firmas requerido para una candidatura independiente podría reducirse de 1 por ciento que actualmente pide la ley, a 0.5 por ciento.

También mejorar el uso de instrumentos tecnológicos para registrar las firmas de apoyo y que los recursos que recibe un candidato postulado por un partido político sean los mismos que un independiente, además de igualar los tiempos de acceso a radio y televisión.

Al proponer que se permita el financiamiento privado en elecciones, dijo que ello permitiría la participación más directa de quienes estén interesados en postular a una candidata o candidato. En su opinión, un inversionista no apostará por una candidatura perdedora.

El presidente del TEPJF dijo que está consciente de los riesgos de esta postura, pero recordó que hay un sistema de fiscalización “que funciona y funciona bien” y ha dado prueba de ello el Instituto Nacional Electoral (INE), que además de fiscalizar lo público, fiscalizaría lo privado.

Antes, en conferencia de prensa afirmó que el Poder Legislativo debe reflexionar la posibilidad de dotar de mayores herramientas para hacer cumplir las sentencias del TEPJF de manera más eficaz.

Interrogado sobre el incumplimiento de sentencias del TEPJF en localidades de este estado, relacionadas con la paridad de género y las que se rigen por usos y costumbres, afirmó que México vive en un estado constitucional de Derecho en el que la autoridad debe tener una cultura de cumplir las determinaciones judiciales.

Sostuvo que las sentencias que dicta la Sala Superior son definitivas e inatacables y tienen que ejecutarse y las que no se cumplen son casos excepcionales, pues la mayoría se acatan.