La Secretaría de la Función Pública impuso la sanción de destitución e inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal al actual Director General de la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada Aguilar.
La sanción deriva de las acciones que, desde principios de año, fueron informadas por la propia Irma Sandoval en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema de la Estafa Maestra.
Asimismo, el presidente instruyó tanto al director general de Pemex como a la secretaria de la Función Pública que separaran a los funcionarios vinculados a la Estafa Maestra.
A principios de año, la secretaria Sandoval anunció diversas auditorías y acciones específicas en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar y de colaboradores cercanos.
Además, en abril pasado, la Secretaría de la Función Pública presentó ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes por hechos constitutivos de probables delitos que resultaron de las auditorías, investigaciones y procedimientos que previamente inició.
En ese marco se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa e investigaciones relativas a su evolución patrimonial, para detectar y documentar probables inconsistencias, resultado de posibles conductas irregulares.
Estos procedimientos arrojaron omisiones detectadas en sus declaraciones patrimoniales de cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017, las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos.
En todo momento se respetó el derecho de audiencia de la persona inhabilitada, sin que haya podido justificar por qué no reportó dos cuentas bancarias y los beneficios económicos producto de un bien inmueble.
El funcionario fue notificado hoy de la resolución, cuyo efecto implica que Pemex deberá separarlo del cargo que se encuentra ocupando.
En estricto apego a la ley, y para garantizar su cumplimiento, la Secretaría de la Función Pública vigilará la efectiva aplicación de la sanción y será respetuosa de las determinaciones que en su momento tomen otras instancias.