“Diferencias entre CNDH y Gobierno deben zanjarse”

E l actual Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipina), y aspirante a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Bucio Mújica, reconoció que existen diferencias políticas entre el Gobierno federal y ese organismo autónomo constitucional a causa de la recomendación sobre la eliminación de las estancias infantiles.

Sin embargo, señaló que deben zanjarse esos conflictos para tener una relación diferente con los Poderes y órdenes de Gobierno.

“¿Por qué diferente? Porque siempre ha tenido una visión en ocasiones contraria o solo de vigilancia de las acciones de Gobierno.

“La Comisión tiene un mandato muy claro de tratar de ayudar a que los gobiernos dejen de violar los derechos humanos, no solo vigilarlos cuando ya se violaron porque es lo que menos le conviene a la sociedad”, dijo.

En entrevista con ContraRéplica, luego de la comparecencia que sostuvo ayer con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Bucio Mújica sostuvo que no hace falta transformar a la CNDH en una Defensoría del Pueblo como pide la bancada de Morena en la Cámara Alta.

¿Es necesario este cambio de CNDH a una Defensoría del Pueblo?

Hay que recordar que México también tiene un sistema de defensorías de oficio en las 32 entidades de la República y a nivel nacional hay una defensoría pública que depende del Poder Judicial federal y lo que se requiere, no solo con las comisiones, es que también haya un trabajo de revisión de las defensorías.

Las 33 defensorías de oficio tienen que hacer una representación más amplia y hacer que otro tipo de instituciones que tienen esa atribución, como las procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes, que pueden hacer representación de niños en suplencia

en procesos judiciales, tengan la capacidad de hacerlo. Hoy tenemos un marco legal que es suficiente, pero no tenemos los recursos públicos para que las instituciones actúen de la mejor manera.

Entonces, ¿no sería necesario realizar esa transformación?

Creo que lo que sería bueno es que se discuta la necesidad y el horizonte que se pretende mejorar, y a partir de eso que se revise el mejor mecanismo. Yo creo que la Comisión como está, con las atribuciones legales que tiene, con la definición del lugar que ocupa en el Estado mexicano, puede hacer un muy buen trabajo sin ser necesario el cambio por una Defensoría del Pueblo.

¿Cuál es su opinión respecto a las diferencias que existen entre el Ejecutivo federal y el ombudsman?

Es evidente que hay un tema de diferencia política importante, centrado en la recomendación de estancias infantiles. La CNDH ha emitido casi 90 recomendaciones durante este año, pero hay una que es objeto de disputa pública. La recomendación sobre la eliminación de estancias infantiles, ha ayudado a ver un punto específico de un servicio específico que está dirigido a muy pocos niños en relación a la gran situación de falta de cobertura que tiene nuestro país.

Pero no creo que el punto central, lo que ha provocado esta diferencia política a nivel público sea una ruptura entre el Gobierno de la República con la CNDH, ni tampoco que esta diferencia minimice y debilite el actuar de la Comisión.

¿Cómo debe actuar el próximo titular de la CNDH para zanjar esas diferencias?

Hay que establecer una posibilidad de que todas las capacidades legales que tiene la Comisión, que son muchas, no creo que necesite, por ejemplo, que las recomendaciones sean vinculantes porque la capacidad de actuar de este organismo autónomo es muy amplia y porque es un mecanismo no jurisdiccional. Lo que se requiere en esta Comisión es una relación diferente con los poderes y los órdenes de Gobierno. La CNDH tiene que ser mucho más proactiva, más dialogante con los poderes públicos.

¿Cómo ha visto los señalamientos que ha vertido el Presidente contra la CNDH, principalmente por la recomendación sobre la desaparición de las guarderías?

Hay una situación que se tiene que hacer por ambas partes. A la Comisión lo que le toca, antes que ver las reacciones del Ejecutivo federal, es identificar cuál es el lugar de las víctimas, de qué manera se protege mejor la situación de las víctimas. Ahí hay que hacer un trabajo mucho más amplio para que se puedan modificar las políticas públicas en atención a los centros de la primera infancia.

Al que le toca dialogar por el caso de las estancias infantiles es al Senado de la República, así lo establece la ley de la Comisión de Derechos Humanos de este órgano legislativo. Esto es, está autorizado para dialogar con las facultades federales cuando hay una denegación de una recomendación.

¿Cuál es su opinión con respecto a la recomendación que realizó con el Presidente el padre Alejandro Solalinde para que Elizabeth Lara Rodríguez sea quien encabece la CNDH?

Creo que tener la posibilidad de recomendar a una persona, eso cualquiera lo puede hacer. Pero ese no es el mecanismo. El proceso de selección es muy claro y ya lo aprovechó la señora Lara, que es la apertura de la convocatoria pública que hizo el Senado de la República para que cualquier persona se postule o sea postulada por organizaciones de la sociedad civil. La Cámara Alta tendrá que tomar una decisión con base en los lineamientos y al perfil que se definió en la convocatoria y no con base a los apoyos políticos que pueda tener alguna persona.

¿Se corre el riesgo de que el Ejecutivo federal meta mano para colocar a una persona afín al frente de este organismo autónomo?

Creo que el Senado definió una convo catoria muy amplia, un proceso abierto.

Yo participé hace cinco años y conocí el proceso hace 10 y 15 años y me parece que ha sido el mejor mecanismo que se ha definido. Hay una manera clara, expedita, hay una manera muy transparente de tomar las resoluciones y yo confío en que en esta composición multipartidista de la Comisión de Derechos Humanos elegirá al mejor perfil.

¿Es necesario dotar de dientes a la CNDH para que se cumplan a cabalidad las recomendaciones?

Existen los dientes. Pero legalmente no son solo de la Comisión y eso me parece que está muy bien, porque es una articulación de capacidades y de obligaciones institucionales. Si alguien no acepta una recomendación, el Senado tiene que abrir un diálogo con la institución que la está rechazando; si un funcionario en particular viola los derechos humanos, la Comisión da vista a los órganos de auditoría, de control de las propias instituciones y también en su caso al Ministerio Público. Entonces, creo que el mecanismo está dado: los dientes existen, pero éstos no pueden ser solo de la CNDH, sino también son del Poder Judicial y del Legislativo.