¡Ilegal cancelación de la Reforma Educativa!

López Obrador firmó la iniciativa de revocación de la Reforma Educativa, cuyo documento será turnado este miércoles a la Cámara de Diputados para su análisis y, en su caso, aprobación, la cual garantiza el derecho a la educación gratuita en todos los niveles. Con ello se pretende sustituir el marco jurídico actual, por uno nuevo, en el que se establece la garantía a la educación, “que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos; la educación será gratuita en todos los niveles, desde preescolar hasta el nivel superior”.

El argumento del mandatario es la falta de un acuerdo entre el Congreso y el gremio magisterial para modificar legalmente la Reforma Educativa impulsada por su administración, cuyo principal punto de conflicto está relacionado con la evaluación de docentes.

Desgraciadamente el memorándum sobre la cancelación de la Reforma Educativa que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una violación flagrante a la Constitución. Esta medida pretende revertir la Reforma Educativa implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto, lo que sería una revocación ilegítima.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador NO PUEDE ordenar en un memorándum a las secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda, que no apliquen las leyes educativas, nadie puede actuar por encima de la Ley, ni siquiera el presidente de la República. El presidente no tiene facultades para abrogar reformas constitucionales ni legales, esa es una facultad que sólo compete al Congreso de la Unión.

Aunado a lo anterior el documento es “fácilmente impugnable jurídicamente”, como lo han comentado diferentes estudiosos del derecho, entre los que se encuentran incluso el exministro Cossío, quienes han evidenciado el ilegal actuar del Presidente López Obrador, al pretender hacer cumplir un memorándum que “carece de fundamentación y motivación, ya que no cita “una sola norma jurídica.”

Con lo anterior se viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.

Seguramente en los próximos días seremos testigos de la impugnación del memorándum legal emitido por el Presidente de la República, porque violenta los principios básicos del derecho.

•Especialista en Derecho Constitucional y Penal