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¡Pobre Ciudad de México!

¡Pobre Ciudad de México!

Columnas miércoles 09 de octubre de 2019 - 02:52

En un país donde las injusticias sociales se han acumulado al paso de muchos años, prevalece una larga lista de inconformidades que lanzan a la vía pública a miles de personas a exigir el cumplimiento de sus derechos, pero no siempre acatan los reglamentos vigentes y suelen vulnerar otras garantías y, lo más grave, atentan contra el clima de paz por el que todos debemos luchar, pobre Ciudad de México: ¿A quién culpamos?

La lista de injusticias pendientes de resolver es enorme y abarca, principalmente, los campos económicos y políticos. Por su magnitud, esas demandas difícilmente podrán resolverse de inmediato, ya que muchas requieren de cambios estructurales, para los que son imprescindibles modificaciones legales y, sobre todo, de consciencia tanto personal como colectiva y, muy importante, la de las autoridades que nos gobiernan Para nadie es un secreto que las movilizaciones, entre ellas mítines y plantones, han sido convertidas por pequeños grupos en “tierra de nadie” para cometer todo tipo de desmanes que bien podrían tipificarse como delitos.

Recordemos que el Derecho es el conjunto de leyes, reglamentos y resoluciones, que forman parte de las instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el propósito de buscar el bienestar, la seguridad y la justicia, lo mismo en lo individual que en lo colectivo.

¿Los inconformes con las condiciones en que se brinda la salud pública, pongamos por caso, tienen derecho a realizar una marcha en demanda de atención médica, profesionistas capacitados, medicamentos, tratamientos y respeto a sus derechos humanos? ¡Por supuesto que lo tienen!, pues al hacerlo reclaman su derecho a la salud al tiempo en que ejercen su libertad de expresión.

Lejos de tratar de impedir que lo hagan, ninguna autoridad debe mantenerse ajena al reclamo popular y, en la medida de sus posibilidades, tiene la obligación de atender las demandas justas de sus gobernados.

Esa comunión de derechos y obligaciones es lo que da sentido al Estado de derecho que nos rige, pero tolerar la comisión de hechos delictivos que ponen en riesgo la vida, la seguridad, el bienestar, el trabajo y los bienes patrimoniales de terceros es atentar contra ese mismo Estado de derecho.

Es insistente el argumento de que la complejidad de las actuales relaciones sociales reclama de la participación de todos para solucionar los problemas que nos aquejan: autoridades y comunidad somos corresponsables del proceso que nos conduzca no sólo a solucionar las carencias y reclamos de este momento, sino a cimentar firmemente el futuro inmediato y mediato.

Una de las preguntas más difíciles que podemos hacernos es ¿cuáles deberían ser los mecanismos para evitar que las marchas sirvan de pretexto para generar violencia?, y resulta una pregunta difícil porque hablamos de un tema que nos afecta a todos. Recordemos la explicación más simple del Derecho, en el sentido de que “mis derechos terminan donde inician los derechos de los demás”.

•Egresada de la EPCSG. Exdiputada constituyente.
Defensora de los derechos de los animales y
fundadora de "Ángeles Abandonados

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/CR

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