Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador dice tener confianza en el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, no hizo sino ratificar el máximo compromiso de toda persona de confiar en sí mismo y en quienes le rodean, pero, dada la fama del poblano solo es él, el primer mandatario el que confía en Bartlett porque los mexicanos sabemos desde hace muchos años no solo de los actos de corrupción del director de la CFE sino de sus acciones para destrozar la democracia y desaparecer a sus críticos.
Por lo que hace a Irma Eréndira Sandoval la primera en defender al hombre que debutara en la política nacional en 1962, como secretario auxiliar de Javier Rojo Gómez, entonces secretario general de la Confederación Nacional Campesina.
Durante un programa de televisión, la secretaria de la Función Pública aseguró que el poblano forjó su fortuna fuera de sus funciones como servidor público, y estimó que la información difundida fue “sacada de contexto” aunque estará sujeta a revisión por parte de su dependencia.
El que Bartlett Díaz haya hecho un patrimonio mayor o menor al margen de su vida pública es lo de menos: la ley no establece un monto mínimo ni máximo de bienes materiales para ocupar un cargo público, pero sí obliga a los funcionarios a rendir una declaración patrimonial al inicio y al final de su labor como tales para verificar que no exista una diferencia notoria entre ambas. ¡800 millones de pesos no es nada!
En su momento, López Obrador declaró que el propio Manuel Bartlett deberá informar y dar su punto de vista sobre este tema, lo que no
merece mayor comentario que el ya expuesto, pero seguramente Eréndira Sandoval desconocía la postura presidencial y decidió apoyar a quien, de 1982 a 1988, despachara enfrente del Reloj Chino.
El derecho penal mexicano atribuye la “carga de la prueba”, es decir la obligación de establecer la presunta responsabilidad de un hecho ilegal, en quien acusa y no en el acusado, lo que pone a Bartlett en situación ventajosa, y sería Loret de Mola quien debiera probar la verdad de sus denuncias si lo que quiere, en verdad, es demostrar que el senador por el PT violó la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no sólo asestar un golpe mediático.
El Presidente López Obrador no sólo está en su derecho de confiar en el actual director de la CFE, sino es su obligación rodearse de gente que merezca su respeto, pero para muchos es fácil desconfiar del que fuera señalado como principal sospechoso de la histórica “caída del sistema”, del 6 de julio de 1988, con la que se avaló la victoria electoral de Salinas de Gortari sobre el candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas, a quienes muchos le concedieron su voto.
•Egresada de la EPCSG. Exdiputada constituyente.
Defensora de los derechos de los animales y
fundadora de "Ángeles Abandonados