¿Quién para la Judicatura Federal?

El Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación es una institución de importancia capital porque evalúa el quehacer de los juzgadores federales. Lo hace por cuanto a su actividad no jurisdiccional, en principio, salvo que ésta tenga vicios que permitan sostener que las resoluciones judiciales se apartan de lo previsto en el principio de seguridad establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que rebasaría los alcances constitucionales de interpretación que tiene un juzgador frente a casos concretos.

En las próximas semanas el Senado de la República decidirá quién ocupa un lugar en ese organismo de vigilancia. Se ha cerrado ya la convocatoria y se han inscrito 48 personas que cumplen los requisitos formales establecidos por la Constitución para aspirar a integrar el Consejo. En un primer momento había la convicción de que se tomaría una decisión bajo el principio de equidad de género. La renuncia del ahora exministro Eduardo Medina Mora cambia, en buena medida, esta percepción inicial. Se ha dicho y hay elementos para saber que será así que habrá una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La maestra Loretta Ortiz Ahlf parece tener, ahora sí, amplias probabilidades. Loretta es una de las expertas más reconocidas en derecho internacional público. Sus obras son de consulta obligada en la materia. Fue una reconocida directora del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana donde tuve oportunidad de tratarla. Estoy convencido que Loretta tiene los méritos profesionales y personales para ser una gran ministra de la Suprema Corte.

Por otro lado, la definición en uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal abre la posibilidad para que sea un hombre el ungido en esa peculiar posición. Al revisar la lista de 48 aspirantes —47 si como es lo más probable Loretta decide renunciar a ese proceso— hay de todo, militantes y simpatizantes de los más distintos partidos políticos y otros que no lo son. Hoy poco a poco esa regla no escrita empieza —o debe empezar— a modificarse.

En esa tesitura un juzgador de carrera con una gran trayectoria podría ser el perfil idóneo para abandonar el juego de las cuotas. En esa eventualidad hay un sólido candidato, el magistrado federal Ricardo Ojeda Bohórquez, quien en otros momentos hubiera sido impensable pensar en él, pues fue quien le dictó la condena a Raúl Salinas de Gortari por el caso de la muerte de José Francisco Ruiz Massieu. Debió soportar todas las presiones y sufrir en carne propia haber resuelto conforme a derecho y de cara a los elementos puestos a su disposición por la Fiscalía. Hoy, esa debilidad se convierte en una fortaleza política.

Me dicen que su candidatura después de la salida de Medina Mora ha ido cobrando fuerza en los distintos grupos parlamentarios con representación en el Senado. El magistrado Ojeda es doctors en derecho por la UNAM con estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor de diversas obras en derecho penal que es su área de especialización, las cuales, por cierto, forman parte de los programas de estudio de la carrera de derecho en la UNAM lo que le da una triple característica: juzgador probo, generador de conocimiento científico y divulgador de su experiencia a los jóvenes estudiantes de derecho.

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