Ayer el gobierno de la 4T tuvo una gran oportunidad para mostrar que las malas prácticas del pasado en verdad se fueron. La tan vilipendiada frase de “transparencia en el ejercicio público” enfrentará una prueba fundamental que permitirá ver si ya logramos pasar de las palabras a los hechos. Las nuevas autoridades de Hacienda, Función Pública, de la misma Auditoria Superior de la Federación y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), próximo a convertirse en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y que hoy encabeza Ricardo Rodríguez Vargas, dio a conocer el fallo de la licitación LA006HKA001-E401-2019 referente a la contratación por outsourcing del personal de apoyo.
La relevancia del evento se basa en que, a través
de esta licitación, se contratará para los próximos tres años a 380 personas, prácticamente la mitad de la plantilla laboral del SAE a quienes, además se les deberá proveer con equipo de cómputo de última generación.
Cabe mencionar que en 2018 el gasto para la
contratación de las 666 plazas fue del orden de los 594 millones de pesos y, se subcontrataron a 526 personas más (incluyendo equipo de cómputo) por 168 millones de pesos.
El contrato con SAE, es una de las operaciones de tercerización de personal más compleja
del sector gubernamental, déjame te explico el por qué, la dispersión de los servicios se hace a nivel nacional, por lo que el impacto económico de las repercusiones fiscales es alrededor de los 77.3 millones de pesos durante los 36 meses de vigencia de este contrato además, de que para la adecuada gestión el SAE requiere de un prestador de servicios de una vasta experiencia, de amplia solvencia financiera que respalde las operaciones y que enfrente cualquier tipo de responsabilidad tanto laboral como fiscal, civil y administrativa, esto debido a los alcances y cuantías que impactan al contrato mismo. La improvisación en la prestación de este servicio puede poner en riesgo al mismo al SAE, ya que los reclamos laborales de los que puede ser objeto por el mismo IMSS, a cargo de Zoé Robledo y quien ha sentenciado…"no me tocaré el corazón ante los abusos de las empresas de outsourcing”.
Los titulares del SAE, Hacienda, la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación,
pueden encarrilar el rumbo de la 4T con sólo atender las reglas de la licitación y supervisar el estricto cumplimiento de la Ley General de Adquisiciones en una frase, que se respete la ley, no más, pero tampoco menos. La moneda está en el aire, optar por el beneficio colectivo o dejarse llevar por
la improvisación y el desapego normativo del que
tanto se ha quejado este nuevo gobierno.
•Doctora en Relaciones Internacionales.
ncalmarosa@gmail.com