¿Y el respeto al derecho ajeno?

En cierta medida tienen razón, cuando ponen en la balanza ambos derechos, estando en los dos extremos ciudadanas y ciudadanos, la mejor opción es buscar limitar lo mínimo indispensable a cada grupo en el ejercicio de su derecho.

Pero, ¿qué sucede cuando tenemos a un grupo mayoritario siendo afectado en el ejercicio de su derecho a la movilidad, por un grupo que, paradójicamente es un instrumento creado por el Estado para garantizarle a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos, entre los cuales está el de movilidad?

Este relativamente nuevo derecho humano, es mucho más amplio que el derecho al libre tránsito y fue retomado por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal y actual canciller Marcelo Ebrard, el 13 de julio de 2010, al firmar la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.

Mucho se ha dicho del conflicto de un grupo de la Policía Federal y el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y seguramente seguirá apareciendo en la agenda; pero falta abordar el tema desde la perspectiva de los derechos humanos de los policías como parte del monopolio del uso legítimo de la fuerza.

En estricto sentido, los organismos defensores de los derechos humanos no pueden defender a una parte del Gobierno, del mismo Gobierno; tampoco pueden participar cuando se trata de materia laboral. Ellos defienden a ciudadanos y aunque los policías no dejan de ser ciudadanos, los servidores públicos dejan de ser tratados como ciudadanos en el momento en que deciden ser funcionarios. Lo cual puede ser hasta discriminatorio.

Los policías decidieron transgredir la ley, bajo la sombra del derecho a la libertad de manifestación. Sin embargo, no se justifica que, quienes han sido capacitados, entrenados y dotados de información estratégica privilegiada, con el único fin de proteger a la sociedad, se insubordinen y decidan no solo protestar, sino retar al Estado y a la misma gente.

También son responsables las autoridades que, no manejaron de manera correcta el proceso de transición político administrativo para pasar de la Policía Federal a la Guardia Nacional; es decir, tiene responsabilidad quien se le fue de las manos este conflicto, por no haber diseñado un proceso terso, preciso, eficiente y eficaz.

Así, hoy Día Mundial de los Derechos Humanos, aún sin querer, el Estado no ha logrado proteger a la gente que está siendo afectada por este tipo de protestas sui géneris.

La promesa presidencial de no reprimir ninguna protesta social y la disolución del Cuerpo de Granaderos por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, es mal entendida como impunidad y libertad de tomar instalaciones, bloquear avenidas y autopistas, destruir librerías, al cabo que no va a pasar nada. Eso le hace mucho daño a México.

Afortunadamente, ya se están tomando acciones en la CDMX, comprendieron que cualquier gobierno democrático puede y debe tener un cuerpo antimotines profesional y efectivo, capaz de actuar sin violentar los derechos humanos. El Presidente también debe avanzar en ese camino, antes de que, parafraseando a Benito Juárez le preguntemos ¿y el respeto al derecho ajeno?