A 10 meses de protestas, Ortega reinicia diálogo con la oposición

Horas antes de que fuera retomado un diálogo que busca poner fin a la crisis política en Nicaragua, la justicia del país centroamericano liberó el miércoles a 100 presos políticos que permanecían encarcelados por su vínculo con las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

La liberación ha sido una de las principales exigencias de la oposición y de organismos de derechos humanos, que aseguran que unas 600 personas estaban tras las rejas desde que empezaron, en abril de 2018, las manifestaciones antigubernamentales que arrojaron un saldo de más de 320 muertos.

El ministerio de gobernación informó que 100 personas fueron liberadas, aunque algunos cumplirán medidas cautelares como prisión domiciliaria, sostuvo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), una ONG declarada ilegal por el Parlamento.

En el diálogo, la delegación opositora contó con representantes de los empresarios, un académico, un político y un universitario.

A diferencia del diálogo del año pasado, donde estuvieron presentes Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, esta vez acudieron el canciller Denis Moncada, el magistrado Francisco Rosales y el jefe de la bancada en el Congreso del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro.

Miembros de la Iglesia católica participaban como testigos.

El Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, inauguró el encuentro transmitiendo un mensaje del Papa Francisco y aseguró que “(tenemos) la gran esperanza de que estos encuentros nos lleven a romper la polarización entre nosotros”.

“Para que el diálogo funcione tiene que dar resultados pronto”, dijo a Reuters Douglas Castro, miembro de la Alianza Cívica, grupo de la sociedad civil que aglutina buena parte de la oposición.

“No hay margen de error ni tiempo para audacias (...) Si no funciona vamos al despeñadero y la crisis se prolongará. No hemos visto ni la punta del iceberg de la crisis que se nos puede avecinar”, agregó.

Mientras se iniciaba el diálogo, el Parlamento -donde tienen mayoría los aliados de Ortega- aprobó una ley para aumentar los impuestos, fuertemente resistida por los empresarios, quienes aseguran que necesitan un estímulo para reactivar la economía.

Nicaragua vive su peor crisis desde la Revolución sandinista (1979-1990): el déficit presupuestario de 2019 es de 320 mdd, algunos de sus funcionarios -incluyendo Rosario Murillo- han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos (EU) y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.

Analistas aseguran que la decisión del régimen de Ortega de permitir una nueva mesa de diálogo, responde a la situación económica, en conjunto con las sanciones impuestas por EU y las denuncias de organismos de derechos humanos.