A un año: Seguridad y gobernabilidad, disociadas 

Podrían interpretarse como cumplidos algunos de los compromisos en seguridad, pero no se han logrado avances tangibles. No se ha conseguido “garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos” (compromiso 84), tampoco “garantizar la seguridad pública en el país” (compromiso 85), menos aún “proteger a los ciudadanos que son víctimas de asesinatos, secuestros, robos y otros delitos” (compromiso 86), y qué decir de que “se acabará la guerra; construiremos la paz y buscaremos la hermandad entre todos los mexicanos” (compromiso 87).

Pero, lo importante es saber por qué no se han alcanzado mejoras significativas en esta función del Estado mexicano, veamos.

La 4T separó la seguridad pública de la gobernabilidad. Medida adecuada, pero se fueron al extremo de divorciarlas. Deben ser independientes, pero compartir agenda.

Estamos ante una ola de violencia que algunos califican como “nunca vista”, sería bueno recordarles las masacres de Aguas Blancas y Ayotzinapa, en Guerrero; Acteal, en Chiapas, Tlatlaya, en el Estado de México; los muertos de la guerra contra el narco. Pero esto no exime al actual gobierno de dar resultados y garantizar la gobernabilidad en cada rincón de México.

El Estado mexicano no puede permitir, ni permitirse, perder pedazos de territorio en donde otros factores reales de poder lo han suplantado.

El Presidente López Obrador sabe que las atribuciones exclusivas e inherentes del Estado son el uso de la fuerza pública, legislar y recaudar impuestos. Pero también sabe que, en algunas partes del país, grupos delincuenciales tienen el control de la policía local, imponen sus leyes y aplican castigos y contribuciones por derecho de piso, tránsito y seguridad.

La estrategia de ir reconstruyendo el tejido social, de apostarle a la familia (en todas sus formas), con una mejor distribución de la riqueza, apostar por la igualdad de acceso y oportunidad, es correcta; pero lenta e insuficiente.

En el corto plazo, se necesitan acciones de inteligencia y operativos escrupulosamente planeados y ejecutados, contundentes, como la reciente captura de implicados en el caso LeBarón; la Secretaría de Marina podría apoyarles en esto. Políticamente, se requieren mensajes categóricos, hay que volcar el poder del Estado a resolver casos tan desafortunados como los vividos en días recientes. Con una estrategia de comunicación eficaz, que transmita la sensación de efectividad y mejoría que tanto hace falta.

El secretario Alfonso Durazo debe entender la utilidad práctica de un análisis político, partir de información confiable y objetiva que, brinde elementos para la toma de decisiones, a partir de actores involucrados y posibles escenarios, sin acomodar los resultados al gusto y conveniencia de nadie.

Al Gabinete Presidencial, al Congreso de la Unión y al Poder Judicial de la Federación, les debería interesar lo que un especialista en Ciencia Política pueda decir, darían menos palos de ciego y se equivocarían menos. En México, los politólogos son los chamanes a quienes solo se recurre en tiempos difíciles. Ya se tardaron.

Especialista en Ciencia Política y Gobierno 
avilezraul@hotmail.com