Como toda actividad humana, el desempeño de Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio del poder se puede esbozar como un cuadro de claroscuros.
A un año de su triunfo electoral y a siete meses de Gobierno, López Obrador ha cumplido varias de sus promesas de campaña, sobre todo en lo que toca a programas sociales, mantener la cercanía con la gente y la polémica cancelación de la Reforma Educativa; otras están pendientes y algunas más enfrentan resistencias, sobre todo las obras planteadas como insignia de su Gobierno.
Entre lo que se puede considerar logros, sin olvidar las críticas de quienes ven en éstos la intención de sacar ventajas con miras a las elecciones de 2021 y 2024, están los programas de ayuda a personas mayores, a discapacitados, al campo, becas para jóvenes y el programa de tutoreo laboral. Otro acierto fue el combate al robo de combustible, que si bien causó un problema temporal de desabasto, fue considerado positivo por la población.
Los planes de infraestructura, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía están en suspenso debido a un sinfín de amparos en contra por diversas causas, desde impacto ambiental hasta por encontrarse cerca de montañas, vestigios arqueológicos, por problemas de linderos o disputas territoriales, etcétera. Sin olvidar, las causas estrictamente políticas de quienes buscan entorpecer sus acciones de Gobierno, sirviéndose de todos los recursos a su alcance.
Entre los retos que enfrenta, está el tema de la inseguridad. Cuyas cifras no dejan de señalar que es quizáel mayor foco rojo.
Para ello, y ante la gravedad del problema, este domingo echó a andar de manera oficial la operación de la Guardia Nacional. Una apuesta que para bien o mal marcará su Gobierno.
Además, ahora afronta un desafío que hace un año si bien ya era patente no se había agudizado como es el problema migrante.
El paso por México de miles de migrantes vino a complicar la incipiente gestión. El tema fue aprovechado por el presidente Donald Trump para exigir el control del flujo de indocumentados con la amenaza arancelaria.
Esto precipitó el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Las acciones para detener a los migrantes, mayormente centroamericanos, tendrán un costo político que López Obrador deberá pagar, porque “los acuerdos se cumplen”, dijo en Tijuana, luego del pacto con Washington. Por lo demás, quedó evidenciada la fragilidad del Gobierno para negociar ante Trump. Y allí están ya las primeras imágenes dramáticas del cierre de fronteras a la migración indocumentada.
Entre los desaciertos, se cuentan el subejercicio de 140 mil millones de pesos de enero a mayo, que implica rezago en obra física, a lo que se suman recortes presupuestales y de personal.
Y, entre estos negativos, no se puede dejar de lado el clima de polarización y crispación que se extiende en el país.
Editor. Actualmente director del portal
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