AMLO anuncia reforma a la ley de austeridad para que nadie gane más que él

“Para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial, de manera leguleya, los altos servidores públicos que fueron quienes promovieron los amparos”, afirmó el mandatario en conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, reconoció que al procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, no le correspondía presentar el informe, por lo que hace falta más investigación y tomar decisiones, “porque fue bloqueada mi iniciativa en general. Incluso hay una ley de austeridad que no se cumple por los amparos”.

Señaló que fueron dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quienes iniciaron a interponer los amparos.

“En su momento lo vamos a plantear para que no queremos nosotros como encubridores”, aseguró.

Los dichos de López Obrador llegan luego de que Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, destacó que titulares de organismos como la Cofece, Banco de México, Inegi, INE e IFT han presentado amparos para evitar que sus ingresos se ajusten a lo dispuesto por la ley, que es que ningún servidor público o funcionario puede ganar más que el presidente.

De acuerdo con la información proporcionada por el titular de Profeco, mientras el presidente López Obrador tiene un salario neto mensual de 136 mil pesos, un consejero de la Judicatura puede ingresar hasta 286 mil 600 pesos.

En segundo puesto entre los salarios más altos está el del magistrado presidente del Tribunal Electoral, que ingresa 286 mil 500 pesos y después la Suprema Corte, donde el sueldo es de 284 mil 500 pesos.

En tanto, la gobernadora del Banco de México, el consejero presidente del INE, los comisionados presidentes de Cofece e IFT y la presidenta del Instituto Nacional de Geografía y Estadística han interpuesto amparos para que sus sueldos no se modifiquen, detalla el documento.

La Secretaría de la Función Pública es la encargada de transparentar los salarios de los funcionarios y personas servidoras públicas.