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Agenda de integridad pública

Agenda de integridad pública

Columnas martes 12 de noviembre de 2019 - 01:22

El concepto y la agenda de integridad pública siguen avanzando por todo el mundo como objetivos a los que hay que llegar como producto de la victoria en el combate contra la corrupción. La OCDE, una de las organizaciones precursoras en innovar respecto de la reflexión, métrica y análisis de esta idea, publicó recientemente su Recomendación sobre Integridad Pública, documento de entidad superlativa que propone directrices y mejores prácticas a los gobiernos del mundo con la idea de fortalecer la fibra republicana, así como la legitimidad social y política y la consistencia ética de nuestros sistemas representativos frente a los embates del flagelo.
En materia de agenda, lo primero que hay que destacar es que la recomendación se organiza en 13 principios agrupados en tres grandes ejes que tienen mucho sentido: 1. Construir un sistema de integridad pública coherente y completo, que obliga al compromiso y ejemplaridad de funcionarios públicos de alto rango y la aclaración de responsabilidades y tramos de control para tender a la eficacia; 2. Desarrollar una cultura de integridad pública que incorpore a toda la sociedad, sus sectores y organizaciones y que contemple un fuerte componente de transparencia; y 3. Crear instrumentos eficaces de rendición de cuentas, en especial, los relativos a la auditoría y a la gestión estratégica de riesgos, además de mecanismos suficientes y oportunos de supervisión y castigo a cargo de las agencias reguladoras.
Además, la recomendación propone sustituir políticas públicas e instituciones reactivas por unas de naturaleza proactiva “utilizando un enfoque conductual y de gestión de riesgos”.
Por otro lado, la recomendación además de presentar una gran visión estratégica de la integridad pública, propone un esbozo conceptual muy completo: la integridad pública es la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos sobre los intereses privados, en el sector público.
Acto seguido aclara que su idea de sector público es de amplio espectro, pues abarca los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales, así como sus funcionarios, nombrados o elegidos, remunerados o no, temporales o permanentes, en la administración nacional y en sus contrapartes subnacionales; incluye también empresas públicas o estatales, asociaciones público-privadas, incluyendo sus directivos y funcionarios, así como en general entidades que presten servicios públicos.
Esta tercera aportación es quizá lo más interesante y útil de la recomendación, pues la claridad en materia conceptual y de futuro en esta materia son indispensables; importan porque eventualmente permitirían que todos hablemos de lo mismo cuando hablemos de integridad pública y eso es urgente, si queremos avanzar más rápido en la ruta de una profunda y necesaria restauración ética del ejercicio del servicio público y, sobre todo de la política en el estado constitucional de derecho, tan resentido en todo el continente en estos tiempos.

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/CR

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