Ahora terrorismo fiscal en México

El texto señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”. Además, aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Es importante decir al respecto que esta reforma no resuelve el problema de las facturas, y sí castiga a los contribuyentes honestos y en particular a los empresarios, ya que en dicha ley se establece prisión preventiva oficiosa, es decir “primero te meto a la cárcel, y luego averiguo si eres culpable”, con esta reforma regresamos a los tiempos de antes, a la persecución, a la violencia, y a las violaciones a los derechos humanos.

Qué pena que se utilice a la ley, con intereses mezquinos, se convierte un tema mercantil, en un tema de seguridad nacional, el uso de facturas, es una actividad meramente comercial.

Por lo anterior, y de insistir el gobierno en esta ley ilegal, es necesario promover una acción de inconstitucionalidad, a partir del 1 de enero de 2020, que es cuando entrará en vigor, ya que viola el principio de equidad, no se debe equiparar a la defraudación fiscal como delincuencia organizada y delito de seguridad nacional, ya que rebasa los planteamientos constitucionales. Es incomparable la venta de una factura con terrorismo, armas nucleares y genocidio.

Es urgente que nuestros legisladores echen abajo el delito de seguridad nacional como defraudación fiscal, en ningún país del mundo ocurre esto, es un acto, que violenta los derechos de los contribuyentes, con esta reforma se deja abierta la puerta a la autoridad para castigar a los contribuyentes, quienes serán convertidos y tratados como si operaran como carteles de drogas o de trata de personas, al considerarlos dentro de la delincuencia organizada.

Tampoco se debe tratar a los contribuyentes como delincuentes que atentan contra la seguridad de la nación, decirlo así nos convierte a todos los contribuyentes que cometemos una falta fiscal en terroristas, lo cual me parece increíble, el solo pensarlo refleja el autoritarismo total de la actual administración.

En realidad, ésta más que ser una reforma fiscal, es una reforma penal con la cual cientos de ciudadanos trabajadores que contribuyen a mover a México generando empleo, podrán ir a la cárcel por errores en sus declaraciones fiscales o por la omisión de algún pago. Si esto no es Terrorismo Fiscal ¿cómo se llama?

•Especialista en Derecho

Constitucional y Penal