El senador por Morena, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que la reciente reforma constitucional que aumentó el catálogo de delitos punibles, fue una respuesta a la preocupación social que considera al Sistema de Justicia Penal Acusatorio como una puerta giratoria, sin un castigo adecuado a los presuntos delincuentes.
En el Foro “El Sistema de Justicia Penal en México: ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?”, que organiza el Instituto Belisario Domínguez, dijo que a casi 11 años de implementar ese nuevo sistema, México ha evolucionado para erradicar vicios y dar mayor prontitud en la aplicación de la justicia.
Sin embargo, aún existe preocupación social en que este sistema protege al delincuente y no a la víctima.
El senador por el PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez, puso en duda la supuesta capacitación de elementos de la Guardia Nacional sobre los protocolos de trabajo del Sistema Penal, aplicada en sólo dos semanas.
Dijo que durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación y como responsable de las fuerzas de seguridad del país, se invirtieron alrededor de 20 mil millones de pesos en la implementación del Sistema y se tardaron casi cuatro años para que a nivel nacional, 450 mil policías pudieran operar los protocolos del trabajo.
En ese sentido, consideró como muy grave haber cancelado los recursos para la capacitación en este año, que prácticamente quedaron en cero, lo cual también anula la posibilidad de avance sobre el particular.
Por su parte, el senador por MC, Dante Delgado Ranauro, propuso a los todos los Grupos Parlamentarios alcanzar los instrumentos jurídicos que permitan al país regresar a la legitimidad, pues por ahora, la Guardia Nacional, destinada a esa tarea, sólo se ha utilizado como un instrumento de comunicación política.
Para el senador por el PAN, Damián Zepeda, aumentar las penas carcelarias no es la solución al problema que atravesamos en materia de inseguridad.
Insistió en crear mejores condiciones dentro del sistema jurídico entre el papel del Ministerio Público y la Defensoría de Oficio, la cual debe recibir condiciones de independencia para ejercer su labor.
Señaló que en este momento, la defensoría depende jerárquicamente del Poder Judicial, lo cual convierte al Gobierno en juez y parte de los procesos penales.
Redacción ContraRéplica
Imagen Senado