Aniversario anticorrupción: recuento

A principios de noviembre de 2014, el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, que respondía, de manera inmediata, a varios trabajos previos en el propio Congreso de la Unión, incluyendo señaladamente, una reforma constitucional ya aprobada por el Senado en diciembre de 2013 que no había merecido dictamen de San Lázaro.

La leo de nuevo y veo otra vez un documento reposado, amplio, con ambiciones de resolución integral del dilema que implica luchar realmente contra una corrupción de proporciones sistémicas. Creo, sinceramente, que el texto panista era un gran arranque para reinventar, relanzar, un circuito institucional de rendición de cuentas (o de integridad pública) que en ese entonces se apreciaba desarticulado, disperso y desdentado.

El diagnóstico del PAN fue este: “El fenómeno de la corrupción emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión, que… debido a la falta de claridad en los mandatos, la dispersión de facultades y la falta de coordinación entre poderes y… órdenes de gobierno, alimentan la cultura de la corrupción. Ésta es también promovida a nivel institucional por un sistema que… presenta amplias lagunas jurídicas en la tipificación de actos de corrupción, tanto de servidores públicos como privados, lo que provoca que el sistema… resulte completamente ineficaz en la disuasión e investigación de dichos actos”.

Inclusive citaba fuentes objetivas de información relevante, como una encuesta nacional 2011 del Inegi: el 91.8 por ciento de los mexicanos estimaba que la corrupción era prevalente en la policía y 88.6 por ciento consideraba igual a los partidos políticos. El tercer lugar lo ocupaban las agencias del MP, con 81.8 por ciento. El 34.3 por ciento consideró que el grado de incidencia de esas prácticas era “muy frecuente” en los municipios, mientras que 35.2 por ciento y 37.6 por ciento, respectivamente, opinó lo mismo con respecto a los gobiernos estatal y federal.

No sólo enlistaba y analizaba la normativa mexicana que durante los últimos 35 años nos habíamos ido dando para enfrentar el flagelo, sino que refería con precisión tres instrumentos jurídicos internacionales fundamentales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la OCDE; la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la OEA; y la Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC). Avanzaré en entregas posteriores.

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