Anticorrupción estilo 4T

En el apartado de considerandos del decreto del pasado viernes 30 de agosto, AMLO declara que erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad es una de las prioridades de su administración, pues es la forma más extrema de la privatización, porque se trata de la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares; que las prácticas corruptas, agudizadas en el periodo neoliberal, dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país.

El Programa se sustenta en seis líneas orientadoras: ciudadanización; democratización de las tecnologías de la información y la comunicación; protección de alertadores internos; servicio profesional de carrera; austeridad republicana y auditorías al desempeño. Lo anterior atenderá los principios rectores del PND: Honradez y honestidad en toda la administración pública; No al gobierno rico con pueblo pobre; y Ética, libertad y confianza.

Quizá lo más llamativo del alegato inicial es el fundamento normativo. En primer lugar, el Presidente invoca el artículo 26 constitucional, que sustenta el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, entre otras cosas. Ese artículo, así como el artículo 25, regulan la responsabilidad del Estado de organizar y conducir el desarrollo nacional mediante el establecimiento de un sistema de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación.

Estamos ante disposiciones constitucionales de gran sustrato social otrora olvidadas. Se trata de dispositivos fundamentales de naturaleza programática que gobiernos anteriores prefirieron no leer, no cumplir y no hacer cumplir. Son preceptos que dibujan el país que queremos y disponen los medios e instrumentos que nos proponemos desde la Constitución para arribar a tan ansiado puerto, el de la consecución del proyecto nacional que la propia Constitución dispone, al que solo se puede llegar en medio del más amplio consenso social, producto de un gobierno con una sólida legitimación política.

Su articulación como basamento principal del Programa Anticorrupción es una bocanada de aire fresco frente a los proyectos neoliberales, tan interesados en asegurar primero la estabilidad y el crecimiento económico, pero sin enfrentar la podredumbre de manera concomitante el carcinoma con todo el rigor de la ley y la fuerza del Estado.

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