En colaboración previa, me dolí de que al estar midiendo solo la enfermedad (la corrupción), estamos olvidando que la salud es la integridad pública. Encima, deploré el martes pasado, estamos estudiando el fenómeno con filtros y lentes de otro siglo y de otra coyuntura política.
En efecto, la medición de la corrupción ha mostrado repetidamente ingentes áreas de oportunidad para
obtener resultados que nos puedan indicar con mayor claridad y precisión el estado y la verdadera dimensión del reto, pues los índices se construyen generalmente a partir de percepciones ciudadanas o de los empresarios y solo excepcionalmente desde datos concretos y verificables como el número de denuncias o sanciones, los márgenes de recaudación de impuestos o el nivel de inversión extranjera. De cualquier modo, estos índices no dicen nada sobre las causas de la corrupción ni señalan derroteros para encaminarnos hacia soluciones
adecuadas al problema; solo la reportan, la retratan.
No digo que esas métricas no sirvan, solo apunto
que ya no alcanzan para atender el maremagnun que causan el flagelo y sus odiosas secuelas en el cuerpo de un país, en la fibra de la república y en la viabilidad misma del régimen democrático.
Quiero hablarle de un nuevo acercamiento analítico interesante, expresión de una metodología diferente, más robusta que las tradicionales y aporta más
al estudio del fenómeno, pues mide la capacidad de las sociedades de traer a cuentas a sus gobiernos y de vigilar un correcto y legal ejercicio del dinero público, que es el de todos.
Me refiero al Índice de Integridad Pública europeo,
de la autoría del Centro Europeo de Investigación Anticorrupción y Formación Estatal de la Comisión Europea, que es financiado por el antiguo Programa de Innovación e Investigación de la Unión Europea, conocido hoy con el nombre de Horizonte 2020. Mide seis dimensiones: la independencia judicial, la carga administrativa-burocrática, la apertura comercial internacional, la transparencia presupuestal, el acceso ciudadano al internet y a las herramientas del gobierno electrónico y la libertad de prensa de los países que estudia.
En la evaluación de 2015, de 109 países, Noruega obtuvo el primer lugar, con 9.80 de calificación; Venezuela
el último, con 1.88. México se ubicó en el 56, con 6.30.
En la evaluación de 2017, Noruega volvió a encabezar,
con 9.79; Venezuela en el sótano con 1.93, y nuestro país subió 9 lugares para llegar al 45, con 6.69. La evaluación 2019 debe estar por publicarse.
Insisto: hemos creado instituciones y normas, políticas públicas y procedimientos para combatir este
mal, pero deberíamos pactar el bien. Es decir, convenir la definición de la victoria, para saber cómo vamos en esta “guerra”, y reconocer la zona de triunfo cuando la alcancemos. Esa llegada, esa “paz”, es la Integridad Pública y es el nuevo paradigma.
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