Tras anunciar que se liberaron a seis defensores ambientalistas de la comunidad de Salazar, en el municipio de Lerma, Estado de México, el Gobierno de México informó que se analiza el caso de 538 más personas encarceladas por cuestiones políticas.
En la conferencia de prensa mañanera, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que que hasta el momento se han liberado a 31 presos políticos.
Explicó que en el caso de los defensores de la comunidad de Salazar una juez resolvió que la causa penal no tenía los elementos y pruebas suficientes para su detención.
Ellos fueron detenidos, dijo, por la defensa de 210 hectáreas de bosques y tierras comunales.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Gobierno Federal analiza la posibilidad de aplicar –de conformidad con la ley- procedimientos más ágiles y expeditos para liberar a quienes están encarcelados de manera injusta en el país.
Dijo que muchas personas que están en la cárcel sin sentencia desde hace años ya son ancianos, nunca tuvieron defensores, son indígenas que no hablan castellano o por pobreza, no pudieron pagar sus fianzas.
Cutberto Vilchis, uno de los presos liberados, abundó que fueron criminalizados bajo la complicidad de altos poderes económicos y políticos.
Los defensores liberados del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez son: Fermín Esquivel Rojas; Miguel Ángel Vilchis García; Yuriko Maribel Becerril; Daneyra Becerril Villavicencio; Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García.
Redacción ContraRéplica
Imagen Cuartoscuro