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Arraigo y justicia

Arraigo y justicia

Columnas jueves 03 de octubre de 2019 - 02:02

Según un reciente proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, listado para deliberación en su sesión del pasado miércoles 25 de septiembre, la monstruosidad procesal mexicana denominada arraigo, que destruye la presunción de inocencia, derriba los derechos del debido proceso y niega el acceso a la justicia, aparentemente está herida de muerte.

Hagamos un poco de historia. Declarado inconstitucional por la Suprema Corte en diversas oportunidades, el arraigo se introdujo de todos modos, o tal vez precisamente por eso, en la constitución en 2008 en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, desde su entrada en vigor, diversos sectores de la academia y de la comunidad nacional e internacional de derechos humanos manifestamos de diversas formas y en múltiples tonos, nuestra inconformidad.

En septiembre de 2011 tuvimos una esperanza. Las comisiones de la Cámara de Diputados ya habían aprobado la derogación lisa y llana del arraigo, al dictaminar favorablemente una iniciativa del Diputado perredista Don Juventino Castro y Castro, entonces Ministro de la Suprema Corte en retiro. La iniciativa había sido copatrocinada por Diputados notables como Jesús Zambrano, perredista, y Alejandro Gertz Manero, entonces integrante del Grupo Parlamentario Convergencia y hoy Fiscal General de la República.

La exposición de motivos de la iniciativa decía “...utilizan a la Constitución para cubrir un palpable motivo de ineficiencia por parte del Ministerio Público sobre la investigación de los ilícitos, así como el acopio de las probanzas en los procedimientos procesales penales”. Los legisladores iniciantes alegaron con razón que el arraigo opera como una prisión preventiva, en donde la autoridad investigadora no ha acreditado la probable responsabilidad de la persona en contra de la cual se solicita su aplicación.

Los dictaminadores de entonces se dolieron de que las reformas a la Constitución elaboradas en 2008 transitaron de un modelo garantista a un sistema acusatorio, sin que en ese proceso ni las cámaras ni el Presidente Calderón consideraran que en un país con deficiencias tan graves en la impartición de justicia como lo es el nuestro, se pudiera someter a proceso a un inocente.

Aquella esperanza quedó en promesa; la reforma ni siquiera llegó al pleno de San Lázaro y el arraigo sigue, triste e indebidamente, en la vida normativa e institucional de nuestro sistema penal. Si la comisión de puntos constitucionales del Senado aprueba el dictamen de la semana pasada y lo remite al pleno, quizá esta vez sí se pueda expulsar esa figura de nuestra arquitectura jurídica; quizá.

Veo condiciones y entorno favorables esta ocasión. Esto apenas empieza, pero así ha empezado otras ocasiones. Soy optimista, empero. Avanzaré en entregas posteriores, pues el tema da para mucho más. Bienvenida afectuosa y solidaria a nuestros nuevos directivos y colegas del periódico. Están en su casa, amigos.

•gsergioj@gmail.com
@ElConsultor2

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/CR

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