Columnas
En días recientes, tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (incluido el consejero presidente Lorenzo Córdova) han publicado artículos periodísticos en los que aluden a la reducción presupuestal sufrida por el INE para el 2019. El ya mencionado Córdova, Ciro Murayama y Jaime Rivera manifestaron su inquietud por una disminución de recursos que dificulta sensiblemente el cumplimiento de las tareas del órgano electoral autónomo.
Cito a Córdova en El Universal “la situación es grave, porque, sin medir el impacto en sus funciones y sin razonamiento ni motivación alguna, se colocó al INE en insolvencia para cumplir con sus facultades y obligaciones.” Lo anterior, a pesar de que “el consejo general del INE aprobó solicitar el presupuesto más bajo de su historia”. Es decir “fue el recorte más drástico impuesto al Instituto justo cuando se solicitó el presupuesto más bajo”. Peor aún, según cifras citadas por Córdova, el gasto público de 2019 aumentó 5.6% en términos reales respecto a 2018. Es decir, el Gobierno sí obtuvo más dinero, por lo tanto, el recorte no obedece a falta de recursos.
El INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Considera que la disminución presupuestal supone “una clara vulneración a su autonomía e independencia.” Murayama lo describe en Excélsior “los consejeros electorales consideramos seriamente que se está poniendo en riesgo la autonomía, la independencia y el cumplimiento de atribuciones constitucionales del INE”.
Ninguno de los espacios de opinión radiofónicos ni de internet está hablando de esto. A ninguno de nuestros sesudos analistas le ha parecido importante dedicarle espacio al tema en su columna periodística o intervención televisiva. La autonomía del órgano electoral mexicano fue una conquista histórica fundamental para la transición democrática. Imagine regresar a los años de elecciones organizadas por el Gobierno. ¿Le inspiraría confianza?
950 millones de pesos le quitaron este año al INE pese a que según cifras del artículo del consejero Rivera en Excélsior, en 2019 “habrá elecciones locales en seis estados: Baja California, donde se renovarán la gubernatura, el Congreso (25 diputaciones) y cinco ayuntamientos; Aguascalientes, 11 ayuntamientos; Durango, 39 ayuntamientos; Quintana Roo, 25 diputaciones locales; Tamaulipas, 36 diputaciones; y finalmente Puebla, la gubernatura, luego de la tragedia de quien había sido electa para el cargo. En total, 13 millones y medio de mexicanos podrán acudir a las urnas para elegir 143 cargos locales”.
El INE deberá instalar 23 mil 830 casillas, capacitar funcionarios, expedir credenciales de elector, fiscalizar a los partidos y revisar la solicitud de 52 organizaciones que piden registro como partidos políticos nuevos, entre otras muchas cosas. ¿Cómo justifica esto la Cámara de Diputados? ¿Dónde está la oposición? ¿Y los intelectuales?