Más de 13 organizaciones que
conforman el colectivo Regulación por la Paz, afirmaron que la propuesta de ley para la regulación de cannabis que se analiza en el Senado de la República contiene excesivos mecanismos en lo referente al etiquetado y empaquetado, además de que debilita la posibilidad de comunidades campesinas de participar en el mercado mexicano.
Las ONG destacan que la propuesta de ley que trabajan en la Cámara
Alta, no contiene la necesaria armonización de la Ley General de Salud (señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y del Código Penal Federal, las cuales son cruciales y determinantes para vislumbrar los efectos legales de la legislación propuesta.
“No especifica cómo se materializará la descriminalización de las
personas usuarias, ni menciona la capacitación de los cuerpos policiales y del sistema de procuración de justicia para cesar la persecución, acoso y extorsión con pretexto de investigar la posesión de mariguana”, exponen.
Señalan que si bien en el primer
predictamen, que ya circula por manos de senadores y organizaciones, se retoman algunas de las exigencias que la sociedad civil experta en la materia han empujado, como el autocultivo, el cultivo asociado y un mercado regulado, “resulta preocupante para México”.
“Si bien coincidimos en el planteamiento político que manifiestan
los primeros artículos del predictamen —destacando que la regulación de cannabis debe abonar a la construcción de paz y garantizar el goce de los derechos de toda la población— observamos que las obligaciones y derechos efectivamente establecidos en las normas no solo no responden a esos objetivos, sino que hacen todo lo contrario”, indicó el colectivo.
Laura Arana