La elección de gobernador en Baja California, en donde resultó ganador el morenista Jaime Bonilla Valdez, con lo que le arrebató al PAN uno de sus principales bastiones, había caído en una especie de limbo en el punto que más controversia causó: la duración del periodo de la administración del hoy gobernador electo; si dos años, como lo marca la ley en la Constitución local, o cinco, como intentó extenderlo el propio Jaime Bonilla y quienes serán parte de su gabinete, como por ejemplo, su futuro secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, una vez que el ya próximo 1 de noviembre asuma la gubernatura, valiéndose de todo tipo de artimañas y alegando que se trataba de una decisión que única y exclusivamente concernía a los bajacalifornianos.
Afortunadamente, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una decisión considerada histórica y que sin duda viene a hacer justicia, en este caso, a Baja California, al emitir la declaratoria de validez de la elección en dicho estado, pero por un período de dos años, con lo que el TEPJF echó por tierra las aspiraciones de Bonilla, al considerar el Tribunal infundada la demanda interpuesta por el gobernador electo.
En este punto hay que subrayar que Bonilla desistió en la impugnación presentada, a lo mejor
porque ya veía venir que el Tribunal Electoral y una parte importante de quienes serán sus gobernados, frenarían sus pretensiones, además de que de haberse impuesto, hubiera llegado al Palacio de Gobierno de Mexicali con bonos muy cuestionables y contando con el rechazo generalizado de la ciudadanía del estado.
Además, no es una ocurrencia la duración de
dos años en la gestión bajacaliforniana. En 2021, el objetivo es que la elección estatal sea concurrente con la federal, como en su momento ocurrió en Puebla, donde Antonio Gali gobernó solo dos años, al igual que en Veracruz, con Miguel Ángel Yunes y no sobra señalar que en ninguno de estos dos casos se le ocurrió a uno u otro exgobernador operar alguna triquiñuela para extender sus respectivos períodos.
Sin embargo, también se debe de puntualizar
que, si el recurso interpuesto por el gobernador electo hubiera prosperado, eso habría sentado una situación tan delicada como riesgosa y atentaría contra el Pacto Federal pues entonces en cualquier estado se podría cambiar la Constitución local a placer con el objetivo de extender las administraciones prácticamente al gusto de quien así lo solicitara.
Finalmente, para diversos analistas, si los intentos
de Bonilla Valdez hubieran alcanzado buen puerto, estaríamos ubicados en la antesala de la reelección, un tema que por lo menos en la actual coyuntura, no puede estar sujeto a discusión.
• Periodista
morcora@gmail.com