Tuvo que ser al alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, quien saliera al paso de la intentona reeleccionista en Baja California, presentando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo hizo porque alguien tenía que
hacerlo en el escurridizo panorama político, donde todo mundo prefiere el cálculo al deber y el sigilo frente a la convicciones.
El alcalde se quejó de que los ayuntamientos no
fueron ni informados ni escuchados en el proceso de reforma constitucional.
Pero el alegato de Sánchez no suple, o no debiera
suplir el ejercicio de la política, las herramientas con las que cuenta la Secretaría de Gobernación para hacerse cargo de la gobernabilidad democrática.
Si bien la secretaria, Olga Sánchez Cordero, y el
subsecretario, Alejandro Encinas, se pronunciaron al respecto, condenando la reforma que amplía el mandato, la primera en su calidad de ministra en retiro y el segundo en su colaboración en el diario El Universal, hacen falta acciones concretas.
Los senadores también deberían hacer lo propio,
porque a ellos compete el mantener la integridad del pacto federal y el armado legal que da certeza y viabilidad al proyecto nacional, que es histórico y no debe estar sujeto a disparates.
Quizá la cautela tenga que ver con la falta de claridad sobre la posición que en realidad prevalece
en Palacio Nacional y en donde cualquier posición o planteamiento puede ser desautorizado.
Quien sí actúa y fuerte, es el gobernador electo
Jaime Bonilla, y por ello ha señalado que “del centro siempre nos han visto como los patitos feos y nos han castigado con impuestos” y abundó al insistir en que “el Congreso de Baja California es la máxima autoridad política y sus decisiones, como la contenida en el decreto 112, son en cumplimiento a sus atribuciones como representantes legalmente electos para legislar”.
Esto es correcto, con la excepción de que se está
violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y eso no puede ser.
Es increíble que no se vea la gravedad del asunto
y de todas sus implicaciones y más aún en un país donde el tema de la reelección, a nivel de poderes ejecutivos, sigue fungiendo como una de las anclas inamovibles de la tradición democrática.
Es más, el alegato de la no reelección fue uno de los ejes centrales de la revolución Maderista y uno de los acuerdos sustanciales entre los más diversos intereses y tradiciones de quienes se alzaron en armas en 1910.
Lo evidente, es que va pasando el tiempo y que hay actores importantes que apuestan a que la indignación se desgaste y que en ese camino se dé el despropósito, de aumentar el periodo de gobierno, como un hecho ya incontrovertible y hasta normal.
•Twitter: @jandradej