Blindar al PJF

El Poder Judicial de la Federación se encuentra en medio de una tormenta perfecta que puede afectar gravemente su funcionamiento, pues en medio de este río revuelto se abren vías para que intereses ajenos pretendan incidir en los fines que nuestra Constitución le asigna, y que esencialmente consisten en: proteger los derechos humanos; mantener la supremacía constitucional; resolver los conflictos entre poderes y órganos; preservar la cláusula federal y los contrapesos institucionales y cuidar del principio democrático.

Estas funciones necesariamente implican un común denominador: controlar al poder político, con todo lo contracíclico que esto pueda ser para quienes detentan el poder que, por vocación, como explicara en su día Loewenstein, quieren evitar a toda costa ser controlados.

Para nadie es nuevo que los frentes que supusieron el tema del décimo tercero transitorio de la reforma judicial que extiende el mandato del ministro presidente de la Corte y de las consejerías de la Judicatura Federal –extensión que el ministro Arturo Zaldívar ha declinado expresamente-, así como el conflicto institucional que sufrió el Tribunal Electoral la semana pasada, han generado una apariencia de que todo el Poder Judicial de la Federación está descompuesto y que es necesario hacer una especie de barrido completo, seguido de una reconstrucción total.

Sin duda, estamos viviendo en México una etapa de transformación política y social profunda que es innegable, más allá del bando en el que cada persona se coloque respecto de las posiciones políticas que hoy tenemos en nuestra sociedad. Tampoco decimos nada nuevo al señalar que varias de las críticas que se han hecho al PJF deben llevar a una importante autocrítica, porque es cierto que aún estamos muy lejos de que en nuestro país la justicia sea de fácil acceso, gratuita, sensible con las personas usuarias, que pacifique auténticamente los conflictos y de pronta resolución.

Sin embargo, debemos ser muy cautos en los análisis y diagnósticos que al respecto pretendan realizarse, sobre todo de cara a posibles reformas que puedan afectar al PJF, en especial al Tribunal Electoral, porque como hace años señaló con toda claridad el profesor Nohlen, si bien son muchos los factores que afectan la consolidación de un régimen democrático, cuando se entiende a la democracia en un sentido representativo, la justicia constitucional desempeña un papel importante, pues esa democracia representativa, en realidad es parte esencial de la democracia constitucional.

Las reformas deben estar encaminadas a mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la institucionalidad de los órganos del Poder Judicial de la Federación, para que ello consolide cada día nuestro régimen democrático, pero de ninguna manera estas modificaciones deben intentar diseños que debiliten el control justificado y constitucional del poder, esa tentación, a pesar de las transformaciones que vivimos hoy en México, debe ser completamente anulada por l@s actores políticos y, en ese específico aspecto, tod@s debemos blindar al Poder Judicial de la Federación.