CNTE: La oportunidad de la venganza

Oaxaca, entre mayo de 2006 y agosto de 2017, vivió una de sus crisis políticas más severas, se detuvo la economía, cayó el turismo y se desataron hechos violentos.

El ombudsman oaxaqueño, Arturo Peimbert, presentó, a principios de este mes, un alegato en la Corte Penal Internacional de la Haya, en contra de los gobiernos de Ulises Ruiz y de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, porque considera que el resumen de aquellas jornadas se tradujo en la muerte de 30 personas, 311 detenciones arbitrarias y 248 casos de tortura.

Peimbert es un servidor público honesto, que está haciendo su trabajo, pero en esta historia también hay otra cara de la moneda y que tiene que ver con los modos oscuros con que actuó la CNTE en esos episodios.

Recordemos que era una guerra declarada entre la CNTE y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. El diferendo, como suele ocurrir, se desató por dinero, privilegios y concesiones que fueron canceladas a los profesores y que ellos entendían como derechos adquiridos.

La dirigencia de la Coordinadora supo integrar a cientos de organizaciones en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), lo que les permitió contar con un resorte de movilizaciones poderoso y de largo plazo.

Marchaban y protestaban comerciantes, taxistas, transportistas, campesinos, con una agenda tan amplia como la suma de todos los membretes que ahí estaban representados.

Seis meses estuvo cercado el centro de Oaxaca, con las consecuencias naturales: desempleo, penurias y marginación para los sectores vulnerables.

El saldo violento es producto de una degradación del ambiente público, en la que no hay ángeles y demonios, sino una cofradía de personajes con intereses, apuestas económicas y políticas.

Siempre es bueno que se indague donde existen dudas, pero tampoco podemos perder de vista que muchos de los casos no son como se insiste.

Por ejemplo, hay evidencia, sustentada por la procuraduría de Oaxaca y respaldada por peritos que trabajaron en la Real Policía Montada de Canadá, que el periodista Brad Will murió por un balazo a quemarropa ocurrido en octubre de 2006. Esto es, sus asesinos estaban en su entorno, que no era otro que la misma APPO.

El asunto, por supuesto, ha sido motivo de polémica y hasta de discordia entre autoridades, que hasta la fecha no tienen una respuesta clara sobre un hecho tan relevante.

Esto explica que ahora la CNTE esté preparada para aprovechar la denuncia del Ombudsman para colocar una lista de agravios y peticiones para las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

Sí, hay que investigar, pero de modo integral, para evitar que no se trate solo de sopa fría y de una venganza vulgar, al amparo de los nuevos tiempos.

•Twitter: @jandradej