Cárdenas pide a gobernador electo de BC rechazar ampliación de mandato

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pidió al gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, rechazar la reforma, aprobada por 21 diputados locales, que le permitiría ampliar su periodo como mandatario de dos a cinco años.

“No puede un grupo de 21 personas, que es la mayoría que votó a favor de esta reforma, no puede sustituir a una elección, a la voluntad expresada por miles de ciudadanos, sin consulta previa; pasando por encima de cualquier procedimiento que pudiera considerarse democrático”, destacó.

En entrevista para “Grupo Fórmula”, criticó el argumento de los legisladores de que la reforma expresa el deseo de los bajacalifornianos, además de que le ahorra dinero al gobierno.

“Ha sido no sólo una maniobra sucia, sino que 21 diputados, en una sesión legislativa convocada al vapor y que puede decirse realizada en lo oscurito, están pretendiendo sustituir el mandato surgido de una elección democrática, declarada legal por la autoridad correspondiente”, mencionó en el texto.

Tras asegurar que con esta modificación se atropella la voluntad ciudadana, se rompe el orden republicano y se lesiona gravemente la incipiente democracia mexicana.

“Si cobra vida esta reforma sólo hay un beneficiado: el senador con licencia Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California. Aunque, claro, no puede sino pensarse que los 21 diputados son beneficiarios igualmente al haberse llenado ya manos y bolsillos”.

Ante esta situación, el político mexicano aseguró que si hubiese moral y no estuviese detrás de la maniobra, que el senador con licencia y gobernador electo Jaime Bonilla declare públicamente su rechazo a la reforma y su compromiso de cumplir el periodo de dos años para el que fue elegido.

También propuso “que abandonen sus cargos los 21 legisladores locales que votaron aprobando la reforma, sean políticos y, en su caso, penalmente sancionados, y sean ya sustituidos por sus respectivos suplentes”.

Así como la intervención del Senado para restablecer el orden republicano y democrático en Baja California y que los partidos políticos a los que pertenecen los diputados sean sancionados de acuerdo con sus respectivos estatutos.