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Caso fundamentado
Caso fundamentado

Columnas viernes 29 de marzo de 2019 - 05:55


Los próximos serán días definitivos para el futuro del alcalde en Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, sobre todo porque desde la Procuraduría deberá verse un mensaje de justicia expedita y ecuánime al terminar la acción penal contra este morenista implicado en las muertes de la discoteca New’s Divine.

Ya se informó desde hace algunos días en diferentes medios de comunicación que este caso deberá reabrirse y Chiguil, en un acto de decencia, está obligado a pedir licencia para enfrentar a la justicia.

Pero más allá, del fondo político que pueden argumentar en la Gustavo A. Madero, la demanda de los familiares se ha fundamentado por la siguiente razón: cuando existe una violación a derechos humanos, ésta permanece en el tiempo, no se diluye. Los derechos humanos son imprescriptibles, inalienables, irrenunciables.

Moisés Castillo Guerrero, abogado defensor logró fundar que tanto esos delitos, si no son investigados bajo los tres principios del nuevo Sistema Penal Acusatorio, que es: primero, conocer la verdad de los hechos; segundo, que el responsable no quede impune; y tercero, tener la reparación del daño, esos delitos permanecen en la impunidad, como en el caso New's Divine.

A 10 años de haber sucedido los hechos, no obstante, ello las víctimas de nombre Jeniffer Jiménez Martínez y Erika Janet Rocha Maruri, no han recibido justicia. Y los familiares de las mismas, así como la sociedad en su conjunto, no han tenido acceso a la verdad histórica de los hechos y los responsables continúan impunes.

Hay que hacer notar que durante la última audiencia se determinó que, a la fecha, después de 10 años, varias averiguaciones previas, diferentes procesos, no hay nadie señalado como directamente responsable de los hechos. Nadie sancionado por homicidio, nadie sancionado por lesiones.

La única persona que está en prisión es Alfredo Maya Ortiz, por corrupción de menores, que era quien se ostentaba como dueño del New’s Divine. Y el exfiscal y exmando policial, Guillermo Zayas, se encuentra prófugo porque hay una orden de
reaprehensión pendiente de ejecutar. No ha sido capturado y evidentemente no ha enfrentado un proceso penal y no ha habido sentencia.

Arturo Nava, quien fungía como director general de Jurídico y de Gobierno, solo fue sancionado e inhabilitado cuatro años nueve meses por el delito de uso ilegal de facultades y atribuciones.

Sin embargo, su superior jerárquico, Francisco Chiguil Figueroa debe responder como autoridad por la responsabilidad que le acarrea directamente el puesto que ostentó; él no ha sido llevado ante la justicia para poder responder de los cargos de homicidio y lesiones de las dos víctimas anteriormente citadas, ni tampoco ha tenido la voluntad de presentarse en el juzgado y enfrentar a los familiares y a una de las sobrevivientes.


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/CR

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