El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó el lunes que reforzarán la seguridad de su estado en la frontera con Veracruz. En referencia a la masacre de Minatitlán, Murat Jr. emitió una declaración delirante sobre el tema “tenemos que cerrar las fronteras y estar atentos, para que lo que esté sucediendo allá no pueda contaminar el estado de Oaxaca”. Me pareció extraña la falta de reacciones mediáticas a semejante disparate. Es de suponer que lo dijo en sentido figurado o algo por el estilo.
Sorprende que un político formado en Estados Unidos sea tan poco sensible a la resonancia de una frase como “cerrar fronteras”, en vista de la coyuntura específica de México frente al gobierno de Donald Trump. Cerrar fronteras no debería ser una propuesta, ni siquiera una oferta retórica de ningún gobernante mexicano en esta época.
Cerrar las fronteras de una entidad federativa al tránsito de otros mexicanos es ilegal. El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. ¿Con qué atribuciones podría un gobernador cerrar sus fronteras a quienes busquen ingresar a Oaxaca desde Veracruz?
Son malos tiempos para quienes creemos en las fronteras abiertas y el libre tránsito de los seres humanos. No obstante, al margen de eso, podríamos empezar por señalar que la propuesta del gobernador es inútil. Todos los estados han buscado blindarse del narcotráfico y supuestamente han intentado evitar la propagación de, dicen ellos, “el efecto cucaracha”. Ninguno lo ha conseguido. El narcotráfico no ha dejado de sentar sus reales en ningún estado del país por la mera acción de los operativos de los gobernadores.
Todo gobernador tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad e integridad de sus gobernados, pero uno supondría que para ello reforzaría sus cuerpos policíacos o su sistema de administración de justicia penal. Cerrar las fronteras puede sonar como una gran acción si se busca el aplauso de las galerías, pero en la circunstancia actual es un eco de discursos xenófobos que traslada la división internacional al debate mexicano. Preocupa que se busque negar e derecho al libre tránsito a los mexicanos simplemente por proceder de un estado distinto al de un gobernador.
Lo deseable sería que el gobernador oaxaqueño ofreciera su cooperación institucional para la atención de las víctimas o que modernizara plenamente la policía estatal de Oaxaca, no que criminalizara a los mexicanos por su estado de origen. Lo ocurrido en Minatitlán, Veracruz es una tragedia de proporciones nacionales. Debería hacernos reflexionar sobre las insuficiencias institucionales de todo el país para garantizar seguridad, no dividirnos más entre una entidad y otra.
•Internacionalista y analista político:
@avila_raudel