Chavismo inhabilita a Guaidó; experto asegura que no es legal

POR RUBÉN MACHAEN

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años. Así lo informó ayer el contralor chavista, Elvis Amoroso, alegando que Guaidó realizó “91 viajes al extranjero sin autorización del Parlamento” y acusando al también presidente del Parlamento de “falsear” datos en su declaración patrimonial, ocultando haber recibido dinero de “instancias internacionales sin notificar” al Estado.

Amoroso acusó también a Guaidó de haber “usurpado funciones públicas y cometido acciones con gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo de Venezuela y al patrimonio nacional.

▶ Por su parte, Guaidó desestimó las declaraciones de Amoroso, afirmando que, aun ostentando el cargo de contralor, no posee la autoridad para inhabilitarlo políticamente. Esto, dado que el nombramiento de Amoroso como contralor del país se dio por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano paralelo al Parlamento y de inclinación chavista.

“El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor”, contestó Guaidó, quien agregó que en Venezuela “no existe un contralor, no existe una inhabilitación”.

Para el presidente interino, “lo peligroso de esto es que siguen atacando la presidencia encargada”.

Desde Estados Unidos (EU) el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, afirmó que el nuevo embate del chavismo “es “absurdo” y “ridículo”.

EL CHAVISMO Y SUS VETOS

En entrevista para ContraRéplica, el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli le otorga razón a Guaidó al explicar que “la figura de contralor no fue designada de conformidad con la constitución ni contó con la venia del Parlamento, por lo que no es legítimamente reconocido por Guaidó”.

La inhabilitación de Guaidó recuerda al caso del fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien en 2008 fue inhabilitado por el régimen chavista luego de haberse postulado como Alcalde Mayor de Caracas. En aquel entonces, el gobierno acusó a López de supuestos actos de corrupción. La resonancia fue tal, que la Associated Press reportó que los cargos contra López eran “una táctica que los críticos atribuyen a Chávez para dejar en suspenso indefinido las ambiciones políticas de sus oponentes”.

Ante esto, el abogado Rafalli explica que para proceder a una inhabilitación administrativa “se requiere una sentencia judicial firme y definitiva donde se condene a la persona en cuestión, en este caso el diputado, por un delito penal. Pero esa función de juzgamiento sólo la puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) previo a un antejuicio de mérito, y además, con autorización del Parlamento. Lo que se conoce comúnmente como ‘inmunidad parlamentaria”, afirma.

“Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso de Leopoldo López, de acuerdo a los artículos 42 y 65 de la constitución”.

Para Rafalli, la nueva acción del régimen chavista responde a “una nueva medida desesperada ante el llamado de Guaidó de concretar el plan Operación Libertad, las acciones de protesta de este sábado y lo que él mismo calificó como ‘el inicio de la fase definitoria’ de la crisis política”.

De acuerdo a un informe de la agencia Punto de Corte, en 2010, el universo de partidos políticos en Venezuela era de 324, número que para 2018, se redujo a 37, es decir, una merma de 88.6 por ciento de partidos políticos, todos, opositores al régimen chavista.