Chile, el modelo y el futuro

Los reajustes derivados produjeron una revolución jurídica que ha reforzado el poder de las grandes potencias, corporaciones e instituciones supranacionales por encima de los intereses y soberanía de los Estados-nación y de sus habitantes. Este modelo entiende que debe hacerse de los instrumentos necesarios para alcanzar sus objetivos.

Dos de ellos, imprescindibles, son la estructura estatal y orden jurídico. El modelo va más allá de la economía y las finanzas; se expresa y asienta inclusive en la política y, lo que es peor, en el derecho.

En efecto, este nuevo orden global, desde su origen, ha ido prohijando un nuevo orden jurídico profundamente injusto, sin legitimidad democrática y que, en la elaboración de las normas y directrices que demanda, es profundamente amoral y opaco. Se trata de un sistema jurídico diseñado por los centros más importantes del poder mundial y por los gerentes de las grandes corporaciones trasnacionales, que anhelan un derecho totalmente compatible con sus intereses económicos y geopolíticos.

No olvidemos, empero, que en el Estado de derecho tradicional, el ordenamiento jurídico está para amparar al desvalido contra el autoritario y en general, para garantizar la paz social al resolver en y con justicia las controversias entre particulares. El marco jurídico neoliberal transfiere las riquezas de los pobres a los ricos, privatiza los beneficios socializando las pérdidas y desgarrando la fibra de armonía y orden que subyace a las sociedades modernas.

Cuando algún Estado intenta aprobar leyes en beneficio de los débiles, las reacciones de los mercados financieros mundiales son rudas. Las calificadoras, que evalúan la deuda soberana de los países, condenan esas reformas aplicando bajas calificaciones; se presiona amenazando con sacar las divisas invertidas en el país respectivo, se les niegan préstamos internacionales o se les ubica entre los países inviables. Es decir, son enormes las medidas de presión que el capitalismo mundial puede imponer a los países para que éstos se ajusten a las políticas neoliberales de los organismos financieros internacionales como el FMI o el Banco Mundial.

Por eso, los Estados que intentan aprobar leyes de protección a los consumidores o para limitar los créditos con intereses indebidos o las comisiones bancarias son inmediatamente reprendidos o se les recomienda abrogar esos ordenamientos. Para asegurarse del cumplimiento, los Estados son obligados a deconstruir sus marcos jurídicos para favorecer a los grandes conglomerados económicos mundiales por encima de los intereses soberanos, como el control de los recursos naturales y de las empresas públicas estratégicas, y los derechos humanos y sociales de la población.

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