Cisma en Protección Civil

Quizá uno de tantos motivos, haya sido que no existió una coordinación interinstitucional, mucho menos juntas de trabajo para llevar a cabo el Macrosimulacro, como se hacía con anterioridad.

Un día antes, a marcha forzadas se improvisó el mismo, solo el Tribunal Superior de Justicia se apegó a los protocolos.

También fue criticado el desaire que tuvo la funcionaria chilena con los grupos de voluntarios para encabezar y darle presencia a la ceremonia anual que se lleva a cabo en la llamada Plaza de la Solidaridad.

Urzúa Venegas falló en ese día especial para la Protección Civil de la Ciudad de México, eso lo comentan, incluso, sus colaboradores cercanos.

Ante los yerros de esa dependencia ya se dieron algunas salidas como la del subsecretario Carlos Sainz Luna, la cual se hará oficial a fin de mes, se menciona que fue debido a que este controlador aéreo, experto en Protección Civil desde hace más de 20 años, quien ha ocupado las riendas de esta área, se ha topado con pared al trabajar con Myriam Urzúa.

Por si fuera poco, el director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Jorge Antonio Ortiz Torres, ha sido removido de su cargo, debido a que la ley y reglamento correspondiente de Protección Civil no fueron consensuados ni con especialistas, académicos o políticos, por el contrario, todos fue operado por la Iniciativa Privada a través de las diversas cámaras empresariales.

A pesar de que la orden vino directamente del Gobierno capitalino, para que fuera despedido, nos dicen que Ortiz Torres sigue cobrando como asesor externo de la titular.

Por estos hechos, al menos cinco alcaldías se han amparado contra el nuevo Reglamento y Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, ya que únicamente será a través de entidades particulares que se capacite y certifique a los “terceros acreditados”, quienes llevaran a cabo las evaluaciones de establecimientos, mismos que ya no están obligados a presentar programas internos de protección civil.

De acuerdo con la nueva Ley de Protección Civil, en su artículo 186, estas inspecciones serán de forma aleatoria, sin ser presenciales y de manera digital.

“La ley fue elaborada por la dirección jurídica de la Secretaría, no fue consensuada con especialistas solo con representes de las cámaras de comercio, quienes establecieron que un particular: Colegio Nacional de Evaluación y Certificación de Competencias certifique a quienes llevarán a cabo las evaluaciones de riesgos de los establecimientos, sin contar con el aval de la Secretaría de Educación Pública o alguna otra institución educativa de renombre.

En pocas palabras, Ortiz Torres tuvo manga ancha para quedar bien con el sector empresarial.