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Comisiones, calificadoras y postneoliberalismo
Comisiones, calificadoras y postneoliberalismo

Columnas jueves 28 de marzo de 2019 - 02:05


Avanzo ahora sobre las consecuencias jurídicas del neoliberalismo global en los países de su órbita. Los grupos oligárquicos que operan el modelo entienden que requieren de los instrumentos necesarios para alcanzar sus objetivos. Dos de ellos, imprescindibles, son el orden jurídico y la estructura estatal pues el modelo va más allá de la economía y se expresa en la política y el Derecho. En efecto, los poderosos del mundo requieren de sistemas jurídicos y estatales compatibles con el modelo que impulsan, que a su vez proporciona servicio a las construcciones teóricas neoliberales para que los más ricos, el un por ciento de la población mundial, se sigan distanciando social, económica, política y jurídicamente, del 99 por ciento de la población más pobre del planeta, como lo refiere nuestro autor, Jaime Cárdenas.

En el Estado de derecho tradicional el ordenamiento dispone la división de poderes, blinda la soberanía nacional y protege a los débiles de los poderosos, pero el marco jurídico prohijado por el neoliberalismo hace justo lo contrario. En su libro El Modelo Jurídico del Neoliberalismo, el exconsejero del IFE afirma que transfiere las riquezas de los pobres a los ricos, privatiza los beneficios y socializa las pérdidas y es que las grandes corporaciones no actúan exclusivamente en el ámbito de la economía de mercado, sino que con su poder económico determinan el funcionamiento de la política e instrumentalizan en su provecho las instituciones y las normas jurídicas.

Cárdenas denuncia con acierto que cuando algún Estado intenta aprobar leyes en beneficio de los débiles, principalmente en el ámbito financiero, fiscal o presupuestal, las reacciones de los mercados financieros mundiales son desproporcionadamente opuestas. Va un ejemplo sumamente actual: las agencias de calificación que evalúan la deuda soberana de los países condenan ese tipo de decisiones estableciendo calificaciones muy bajas o se presiona a los Estados con la amenaza de sacar las divisas invertidas en el país re, y, en el mejor de los casos, se niega a los Estados préstamos internacionales o se les sitúa en la lista negra de los países inviables.

Finalmente, tiene razón también cuando dice que las medidas de presión que el capitalismo mundial puede imponer a los países para que éstos se ajusten a las políticas neoliberales de los organismos financieros internacionales como el FMI o el Banco Mundial son enormes. Por eso, los Estados que intentan aprobar leyes de protección de los consumidores o para limitar los créditos usurarios o las comisiones de los bancos (otro ejemplo reciente) son inmediatamente inhibidos de hacerlo, o se les recomienda que abroguen esos ordenamientos. Los marcos jurídicos de los Estados gobernados por élites enriquecidas se construyen entonces para favorecer a los grandes intereses económicos nacionales y mundiales por encima de los intereses y los derechos humanos de la población, a la que deberían servir.


•gsergioj@gmail.com
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/CR

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