Comisiones económicas devuelven proyecto de presupuesto de 2025: Preocupación por desfinanciación de $12 billones

Las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara de Representantes devolvieron al Gobierno de Gustavo Petro el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, cuyo monto asciende a $523 billones. La razón principal es la falta de $12 billones necesarios para completar el presupuesto, los cuales se espera recaudar mediante una reforma tributaria, cuya aprobación en el Congreso aún es incierta.

Ante esta situación, el Gobierno podría optar por la emisión de un decreto antes del 28 de octubre de 2024, la fecha límite para aprobar el presupuesto. Sin embargo, este movimiento podría generar repercusiones negativas para los ciudadanos, según advirtieron expertos en economía.

Uno de los interrogantes que ha surgido es si el presidente podría aumentar el monto del presupuesto mediante el decreto. Sobre esto, Martha Misas Arango, profesora del Departamento de Economía de la Universidad de La Sabana, y Wilson Rodríguez Gómez, profesor del Departamento de Finanzas de la misma institución, explicaron que la Constitución colombiana permite al presidente expedir el presupuesto por decreto si no es aprobado antes del 15 de septiembre, pero con restricciones. "El presidente no puede aumentar el presupuesto más allá de lo presentado al Congreso", afirmaron, lo que significa que el monto se mantendría en $523 billones. No obstante, Petro tendría flexibilidad para ajustar la distribución interna de los recursos.

A pesar de esta facultad, los expertos advirtieron que emitir el presupuesto por decreto "no soluciona el problema de fondo", ya que se estaría aprobando un presupuesto sin una financiación completa. De hecho, el proyecto de 2025 presenta una brecha de $12 billones, lo que podría forzar al Gobierno a realizar ajustes durante el próximo año, como ya ocurrió en 2024.

Efraín Cepeda, presidente del Congreso, también se pronunció al respecto, afirmando que no es conveniente una nueva reforma tributaria, tal como propone el Gobierno, para cubrir el déficit de recursos en el PGN. Cepeda destacó que en 2023 quedaron sin ejecutar $50 billones del presupuesto, lo que cuestiona la necesidad de más fondos sin un uso eficiente de los ya asignados.

El Ministerio de Igualdad, por ejemplo, no ejecutó el 90% de su presupuesto, lo que ha suscitado preguntas sobre por qué esos fondos no se emplean en cubrir otras necesidades del país. Sobre esto, los expertos señalaron que los recursos no utilizados por un ministerio no pueden ser transferidos directamente a otras áreas sin pasar por un proceso legislativo o administrativo que lo permita. Además, recalcaron que los presupuestos públicos están aprobados bajo criterios específicos, y los fondos se asignan conforme a la normativa vigente.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la ejecución del PGN para 2024 alcanzó el 60,3% a finales de agosto, dejando un rezago de $35,8 billones respecto a los $503,4 billones aprobados para ese año. Este subejercicio de recursos subraya la necesidad de mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestaria, tal como lo señalaron Misas Arango y Rodríguez Gómez. "Este hecho resalta la importancia de mejorar la eficiencia en la ejecución del presupuesto antes de considerar aumentos en el mismo", enfatizaron los expertos.

Finalmente, destacaron que si el Gobierno lograra gestionar de manera más eficaz los recursos ya asignados, podría cubrir muchas de las necesidades actuales sin necesidad de recurrir a aumentos presupuestales. "En lugar de enfocarse únicamente en ampliar el presupuesto, sería más prudente optimizar el uso de los fondos disponibles", concluyeron.