Nación
POR MARÍA CABADAS
Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ofreció una disculpa pública a los familiares de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados el 19 de marzo de 2010 por militares en Nuevo León. “No eran sicarios, ni delincuentes, eran estudiantes y no merecían perder la vida en las condiciones en que lo hicieron”, enfatizó.
La funcionaria federal precisó que en la recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se observó la existencia de diversos obstáculos y la falta de colaboración en la investigación que llevó a cabo el organismo, así como para acceder a los expedientes y la información por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de la entonces Procuraduría General de la República y de la Procuraduría de Justicia Militar.
▶ “A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo por elementos del Ejército mexicano”, señaló la funcionaria en el acto realizado en Monterrey, Nuevo León.
Indicó que para este Gobierno la defensa y promoción de las garantías es una prioridad en la política interior y exterior, y se debe garantizar el derecho a la memoria, la verdad y la justicia.
“Se debe hacer efectiva la reparación del daño a las víctimas y hacer posible la no repetición de estos graves y muy lamentables hechos”, agregó.
Los estudiantes fueron acribillados en 2010, en medio de un tiroteo entre pistoleros y militares frente a la caseta de vigilancia. De acuerdo con las investigaciones, los militares alteraron la escena del crimen y sembraron armas largas a los jóvenes para señalarlos como sicarios.
En este sentido, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez aseguró que este organismo autónomo acreditó que los estudiantes no portaban armas y no pertenecían al crimen organizado como sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional, además que el lugar de los hechos fue modificado y se les colocaron armas para alterar la escena.
“Nada compensa la pérdida de vidas, ni el dolor que como consecuencia han sufrido los familiares y amigos de las víctimas, pero reivindicar su nombre y que las autoridades reconozcan sus faltas es un paso necesario en el camino a la verdad y a la reparación”, resaltó el ombudsman.