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Congreso e interpretación

Congreso e interpretación

Columnas martes 30 de julio de 2019 - 01:50


Creo que el Presidente y Morena están librando una batalla perdida con el Poder Judicial por las resoluciones de éste contra las normas que aquellos promueven como parte del cambio de régimen. Y lo creo porque la están dando en el terreno jurisdiccional, que es el de los jueces, no el de la gobernabilidad democrática.

Debo insistir, Diputado Delgado, Senador Monreal, que esa confrontación tiene una salida que traería la crispación y la rispidez de la discusión a terrenos más propicios para el diálogo y la negociación. Hablo de nuevo (como la semana pasada) de la interpretación auténtica de la ley y de la constitución, que está instituida en el artículo 72, inciso F, de la Constitución general de la República: “En la interpretación… de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.”

Esa facultad del Congreso de la Unión para interpretar por sí mismo las leyes o decretos no es nueva. Ha estado presente por siglos en nuestras normas fundamentales. Apareció por primera vez en nuestra constitución de 1824, en el artículo 64, con un texto idéntico al actual, y ha figurado en las constituciones estatales también desde hace muchos años.

El control del legislador para interpretar su obra proviene de la legislación europea del Siglo XVIII. Un decreto francés de 1790 estableció con el nombre de referé, el procedimiento que en México se denominó “duda de ley” mediante el que los jueces quedaban obligados a consultarle a la asamblea el sentido de la ley, ya que la interpretación judicial quedaba expresamente prohibida.

Explicablemente, en nuestro país la interpretación auténtica, a cargo del órgano productor del derecho, fue cediendo paso a la interpretación jurídica, a cargo del Poder Judicial, aunque originalmente acotada, aplicable al caso concreto y sin declaraciones generales, sobre todo a partir de las primeras leyes reglamentarias del juicio de amparo.

Sin embargo, la permanencia del permiso interpretativo congresional en los textos constitucionales mexicanos a lo largo de nuestra historia independiente debe tener una razón pues está ahí, deliberadamente intacta.

Debe tener un propósito y quizá sea atemperar, como parece ser obligado en estos tiempos de nuevos paradigmas políticos, excesos y omisiones de los jueces que presenciamos todos los días en los medios de comunicación, y que también sentimos en carne propia cuando un actuario o secretario de acuerdos nos pide dinero para torcer o enderezar este o aquel acuerdo o sentencia, o cuando vemos la vida ostentosa de algún juez o magistrado.

La vigencia persistente del mecanismo exegético parlamentario comentado es una sonora llamada de atención para los operadores jurídicos que por eso debemos escudriñar esa norma y hacerla eficaz en los hechos, pues debe haber una razón por la que los constituyentes históricos y los contemporáneos han decidido por siglos no tocar esa regla.

•gsergioj@gmail.com
@ElConsultor

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/CR

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